México, D.F. / Junio 23.-
Para México hubiera sido inaceptable la posibilidad de que la ciudadana francesa Florence Cassez no purgara la sentencia impuesta de 60 años por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, sostuvo el presidente Felipe Calderón quien anunció que, por ello, el gobierno mexicano determinó no conceder su extradición.
Fue el mismo Calderón quien junto con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, dio a conocer la determinación durante un mensaje a los medios en la residencia oficial de Los Pinos.
Ahí explicó que el gobierno francés, durante la definición de la procedencia de la extradición, se pronunció “por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena, o sobre los medios para hacerla cumplir.
Esto abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas han determinado o que la pagara en un plazo significativamente menor. Para México esto resulta inaceptable”, dijo el mandatario mexicano.
El tema de Cassez acaparó parte de la agenda de la visita que el pasado 9 de marzo realizara al país el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Ahí ambos gobiernos determinaron crear una comisión binacional para definir si era aplicable el Tratado de Estrasburgo, mediante el cual la ciudadana francesa podría purgar su sentencia en su tierra natal.
Sin embargo, la tarde de este lunes se determinó que no.
“El gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción”.
El mandatario mexicano explicó que la delegación mexicana que participó en la comisión binacional concluyó que “no existen las condiciones para que la pena impuesta por los tribunales mexicanos se cumpla de manera íntegra en Francia, por lo que no es posible acceder y otorgar el consentimiento mexicano para un acuerdo binacional voluntario en el marco del Convenio de Estrasburgo”.
Calderón aprovechó para recalcar que el convenio de ninguna manera obliga al gobierno consentir la solicitud de traslado, pero ratificó la voluntad del mismo gobierno mexicano “a dar fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de tratados en concordancia con la Constitución y con las resoluciones judiciales fundadas en la misma”.
Cassez purgará una sentencia de 60 años en prisión.
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