Demandan enjuiciar a procurador de Justicia de Nuevo León

Monterrey, N.L.-
El Instituto ciudadano de estudios estratégicos (Incide) presentó este jueves una solicitud de juicio político en contra del procurador de justicia de Nuevo León, Roberto Flores Treviño, por presuntas violaciones a la Carta Magna y la Constitución estatal, por ordenar a todos los empleados de la dependencia a su cargo renunciar a sus militancias políticas.

Ernesto Cerda Serna, rector del Incide, explicó después de presentar el escrito correspondiente ante la oficialía de partes del congreso, que el 12 de octubre pasado, se giró al subprocurador, directores generales, directores y coordinadores de la procuraduría, una circular firmada por la directora general de administración, María de Lourdes Williams Couttolenc, que compromete directamente al procurador Flores Treviño, superior jerárquico de la citada funcionaria.

La circular asienta: “Se les informa que por órdenes superiores, todos aquellos servidores públicos que cuenten con afiliación partidista, deberán presentar su renuncia al partido político del cual sean militantes y proporcionar una copia de la misma a la secretaría particular del procurador”.

Cerda Serna añadió que lo mandatado por el procurador Flores Treviño, por medio de la circular, es una evidente violación a la Constitución y a los derechos humanos, pues la Carta Magna establece en su artículo primero que en los Estados Unidos Mexicanos “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Además, dijo Cerda, el ser militante de un partido político y ser funcionario no es motivo para violentar la que establece el artículo sexto: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…”.

Mientras el artículo noveno, señala: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”; pero además, aseguró Cerda, la orden del procurador vulnera y viola los derechos humanos, la convencionalidad que tiene con organismos Internacionales, así como también lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.