México, D.F.- El proceso de extradición a Estados Unidos del poderoso narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán podría tardar al menos un año, informó la Procuradora General de la República, Arely Gómez, mientras el capo permanece recluido en la misma cárcel de la que se fugó seis meses atrás.
Juan Pablo Badillo, uno de los abogados del capo, advirtió el fin de semana que la defensa de “El Chapo” iniciará una estrategia “severa, muy dura” para evitar la extradición.
El gobierno mexicano busca embarcar a Guzmán a ese país, al tiempo que las autoridades han reforzado la seguridad de la cárcel de El Altiplano y blindado el suelo de sus celdas con varillas de acero para evitar la construcción de un túnel.
“Sería un año” el tiempo aproximado que demorará la extradición, pero podría incluso tomar hasta cinco años, dijo a Radio Fórmula la fiscal Arely Gómez.
El mismo día de la captura la defensa obtuvo un amparo que suspende provisionalmente el proceso de extradición.
El proceso de extradición comenzó formalmente el domingo cuando agentes de Interpol México acudieron a El Altiplano para ejecutar dos órdenes de captura contra Guzmán de los estados de California y Texas por narcotráfico y homicidio.
JUEZA LE DA QUEBRADA
Una jueza federal en materia penal suspendió, por el momento, la posibilidad de que Joaquín “El Chapo” Guzmán sea entregado a la justicia de Estados Unidos, luego de admitir a trámite un nuevo juicio de amparo con el que la defensa del narcotraficante pretende frenar los dos procesos de extradición que se siguen en su contra.
La resolución fue adoptada por la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, María Catalina De la Rosa Ortega, dentro del expediente 47/2016 que se presentó el pasado 8 de enero, unas horas después de que fuera capturado en el municipio de Ahome, Sinaloa.
De acuerdo con el expediente, la demanda se presentó originalmente ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, el cual dictó la suspensión de oficio por el argumento de la defensa en el sentido de que su cliente estaba expuesto a actos de deportación o destierro, incomunicación y desaparición forzosa, causas excepcionales que obligan a los impartidores de justicia a dictar medidas cautelares a fin de garantizar la integridad de una persona.
