México, D.F.-
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) coincidieron en que las sentencias progresistas que dicta este órgano jurisdiccional, hacen efectivos los derechos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas.
María del Carmen Alanís Figueroa y Constancio Carrasco Daza señalaron que la inclusión de los indígenas en la toma de decisiones y cargos de elección popular hace efectivo el ejercicio de los derechos establecidos en el Artículo Segundo de la Constitución.
Al participar en el Ciclo de Conferencias “Efectos de la reforma político electoral 2014”, que se llevó a cabo en Oaxaca, Alanís Figueroa manifestó que el Tribunal Electoral emite resoluciones con perspectiva intercultural y de género.
Ello ha permitido salvaguardar los derechos político-electorales de las mujeres integrantes de pueblos y comunidades indígenas, resaltó la magistrada al dictar la conferencia “La reforma electoral 2014: género e interculturalidad”.
Tras dar a conocer cifras que ilustran la exclusión de mujeres e indígenas de las democracias del mundo, reseñó cómo impactaron las legislaciones locales el principio de paridad de género contenido en la reciente reforma constitucional.
Al referirse a los casos que involucran a pueblos y comunidades indígenas, destacó cómo el Tribunal ha ido adoptando una óptica de interculturalidad para permitir el diálogo con distintos sistemas normativos que coexisten en el territorio nacional.
Se refirió a juicios resueltos por el órgano jurisdiccional, en los que se han tutelado los derechos políticos de las mujeres indígenas, de forma que cuenten con una protección judicial eficaz, subrayó.
Pidió a las y a los justiciables que acudan al Tribunal a defender sus derechos, ya que esta instancia está comprometida con el derecho a la igualdad y a permitir el diálogo con distintos sistemas normativos que coexisten en el territorio nacional.
Por su parte, al dictar la conferencia “La reforma político-electoral y su repercusión en los sistemas normativos internos”, el magistrado Carrasco Daza destacó que los juzgadores deben tutelar de forma efectiva los derechos humanos.
Asimismo, expuso, los juzgadores deben realizar una interpretación progresista de la ley para generar las condiciones que más favorezcan a la población.
Dijo que el reto para los legisladores es realizar las acciones necesarias para hacer compatibles las normas establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales con las leyes locales.
Ello, dijo, de forma que permitan garantizar el derecho de los indígenas a elegir a sus autoridades bajo sus propios sistemas, garantizando la participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.
Calificó como positivo que en la reciente reforma político-electoral se haya incluido el principio de máxima publicidad, que garantiza el debate político en todos los cargos de elección popular, lo cual abona a la construcción de la ciudadanía.
“Por más eficiente que sea una reforma constitucional, si no garantiza la información hacia la ciudadanía sobre la realidad en nuestro país, no se podrá garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales”, apuntó.
Discussion about this post