Washington, E.U.-
Cuando faltan menos de dos semanas para el inicio del receso legislativo de verano, el presidente estadounidense, Barack Obama, intentó este miércoles recabar en el Congreso los apoyos necesarios para conseguir los más de 3 mil 700 millones de dólares que necesita con urgencia para sortear la crisis humanitaria de los niños indocumentados de Centroamérica, que podrían superar los 90 mil hacia fines de este año.
Obama se reunió con los miembros del caucus hispano y con los más importantes líderes del Partido Demócrata en el Congreso para tratar de apaciguar el ánimo de encono por su intención de modificar la “Ley Wilberforce”, de 2008, que combate el tráfico de personas y protege a los niños centroamericanos contra los procesos exprés de deportación.
El martes pasado, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, y el senador republicano por ese mismo estado, John Cornyn, presentaron una iniciativa para enmendar esa ley que hoy se encuentra en el centro de la polémica. El caucus hispano se mostró contra la intención de modificar esta ley y desautorizó a Cuellar para fijar la posición del caucus hispano y el bloque demócrata.
“Nosotros consideramos que los niños tienen que tener un debido proceso. Lo único que pedimos es poderes adicionales para que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia hagan mejor su trabajo. Pero los posibles cambios dependen del Congreso”, aseguró este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un inútil intento por desmarcarse de la polémica.
Además, el portavoz confirmó que el presidente también consultó a los miembros del caucus hispano sobre la batería de órdenes ejecutivas que prepara el ejecutivo y que se darán a conocer una vez que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia emitan sus recomendaciones.
Pero ya antes de la reunión el representante demócrata Joaquín Castro, de Texas, dijo que los “miembros del Grupo de Legisladores Demócratas del Congreso creen que los chicos (centroamericanos) deben tener su audiencia en la corte” y que esperaban que Obama “cumpla el propósito de la ley de 2008”.
En tanto, algunas agencias manejaron que ciertos gobernadores demócratas expresaron su rechazo a recibir a los niños indocumentados. Entre ellos, el gobernador de Delaware, Jack Markell, quien argumentó que no existen instalaciones adecuadas para recibirlos y el de Maryland, Martin O’Malley, quien se ha resistido a recibir a otro grupo de niños asegurando que el lugar elegido es un enclave conservador y los niños podrían enfrentar un ambiente adverso entre los vecinos de la ciudad de Westminster.
En contraste, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, señaló que el ayuntamiento de la ciudad se coordinará con las autoridades federales y organizaciones locales sin ánimo de lucro con el fin de ayudar a convertir la ciudad en un destino para los niños inmigrantes detenidos después de cruzar la frontera. “Qué seríamos como estadounidenses si no actuamos… estos niños están aislados, solos… hay que procurarles un lugar seguro”, dijo.
Por su parte, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, dijo que sopesa un pedido de Obama para albergar a algunos de los niños migrantes.
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