Bruselas, Bélgica.-
La Comisión Europea (CE) presentó hoy una nueva estrategia para intentar contener los flujos de migrantes indocumentados, en la que combina incentivos financieros y amenazas a los países de origen de la migración en África y en Medio Oriente.
La iniciativa se denomina Plan de Inversiones Exteriores, se inspira en el acuerdo firmado con Turquía y deberá ser sometida a la valoración de los gobiernos de los 28 países miembros de la Unión Europea (UE) en su próxima cumbre, a realizarse a finales de junio.
Las primeras naciones beneficiadas serían Jordania, Líbano, Túnez, Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía.
La iniciativa contempla utilizar todos los elementos de la política exterior europea para aumentar las expulsiones de migrantes indocumentados detectados en territorio europeo y evitar que más personas intenten su arribo clandestino.
“Una combinación de incentivos positivos y negativos será integrada en las políticas de desarrollo y comercio de la UE”, explicó la CE en el documento presentado este martes en el Parlamento Europeo (PE), en Estraburgo, Francia.
El objetivo es “recompensar aquellos países que están dispuestos a cooperar de manera efectiva con la gestión de la migración en la UE y asegurar que haya consecuencias para aquellos que se niegan a hacerlo”, advirtió.
El eje central del proyecto es la creación de un fondo para financiar proyectos de desarrollo en los principales países de origen y tránsito de migrantes de aquí a 2020.
El Plan de Inversiones Exteriores estaría dotado de 3.1 mil millones de euros (unos 3.5 mil millones de dólares) y podría llegar hasta 31 mil millones de euros (unos 35 mil millones de dólares) adicionales en inversiones privadas.
La CE sostiene que el valor podría alcanzar los 62 mil millones de euros (unos 70 mil millones de dólares) si los gobiernos de los 28 contribuyen con el fondo en igual medida.
“Nuestro objetivo es apoyar a los países que acogen a tanta gente e impulsar el crecimiento en nuestros socios”, afirmó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
“Nuestro deber, y también interés, es dar a la gente la oportunidad y los medios de tener una vida segura y decente”, añadió.
En contrapartida, los países beneficiados tendrían que firmar acuerdos de migración individuales, que obligarían a cada nación a aceptar el retorno de migrantes expulsados de la UE, con metas precisas y objetivos cuantificados.
Los países europeos tienen ya acuerdos de readmisión con muchas naciones africanas; pero suelen enfrentarse a dificultades para hacer que se cumplan.
En la actualidad, más del 40 por ciento de los extranjeros con órdenes de expulsión de la UE no son regresados a sus países de origen.
Condicionar la ayuda financiera, ventajas comerciales u otros beneficios al cumplimiento de los nuevos acuerdos, sería una forma de presionar para su cumplimiento, argumenta el ejecutivo europeo.
No obstante, algunos analistas observan que la iniciativa podría convertirse en arma de “extorsión” para los países visados, que podrían amenazar a la UE con abrir las puertas de la migración ilegal en caso de que no les conceda más fondos, como lo hace Turquía.
El plan también contempla abrir vías legales para que los refugiados puedan llegar a la UE de manera segura, así como ampliar la capacidad de acogida en la vecindad de sus países de origen.
La CE se propone apoyar un esquema global de reasentamiento de refugiados apoyado por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de “repartir a los desplazados de manera equilibrada y desanimar los movimientos irregulares”.