Cd. de México.- El combate a la corrupción es un asunto de primera importancia para la sociedad y el Estado mexicano.
Así lo dijo la senadora Cristina Díaz este miércoles en la Ciudad de México.
“En el legislativo, y en específico en el Senado de la República, se ha demostrado un serio compromiso para concretar las leyes que le den dientes y atribuciones al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Prueba de este compromiso es la presentación de este dictamen para la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Estamos ante un momento histórico para este Senado”, expresó.
Señaló que este dictamen es producto de un esfuerzo ciudadano ejemplar, como nunca lo habíamos visto y su base fue precisamente la iniciativa conocida como 3 de 3, presentada por un colectivo de organizaciones sociales y académicas.
“La realidad democrática en nuestro país está abriendo cada vez más canales formales de participación ciudadana.
“Y este esfuerzo demuestra la importancia de contar con una ciudadanía más activa y propositiva.
“Reconozco y felicito a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda por su apertura para trabajar este tema tan delicado de manera pública y transparente”, indicó.
La senador dijo que es la primera vez que este Senado trabaja bajo las reglas de Parlamento Abierto, mismo que fue impulsado por el Sistema de Transparencia.
“Y en este contexto democrático, en el PRI estamos convencidos de que nuestra obligación es trabajar de cara y de la mano con la sociedad.
“Y así lo hicimos durante todo el proceso de elaboración de la legislación secundaria en materia de anticorrupción.
“Resultado de todo este ejercicio de diálogo, el presente dictamen establece los principios, bases y procedimientos, para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción en el servicio público”, explicó.
Representa un cambio de paradigma, que coadyuvará en la construcción de una nueva cultura anticorrupción dentro de la función pública, así como a la ampliación de los mecanismos de investigación de los hechos de corrupción, dijo.
“Pero debemos reconocer que erradicar la corrupción implica no sólo un cambio estructural en la forma de gobernar.
“Implica también un cambio a nivel social para cerrarle el paso desde todos los frentes.
“Por eso, este dictamen contempla responsabilidades administrativas no sólo para los servidores públicos sino también para las personas físicas o morales que vulneran la ley, de modo que la corrupción se combate desde todos los frentes sin dar lugar a la impunidad”, señaló.
