Escobedo, N.L.- Por medio de un comunicado, la CTM Nuevo León aseguró que más de 10 mil comerciantes de mercados sobre ruedas se han visto afectados por lo que calificó como “acciones represivas de las autoridades municipales de General Escobedo”, por lo que anunciaron que dejarán de trabajar en 128 puntos de comercio ambulante hasta que se les brinden las garantías para continuar sus labores.
Ismael Flores Cantú, secretario general de la Federación de Trabajadores de Nuevo León, dijo que las acciones van desde cobros indebidos por concepto de uso de suelo, hasta multas y detenciones arbitrarias para quienes han pedido comprobantes o recibos por los pagos que realizan.
Cientos de comerciantes se dieron cita en la plaza principal de General Escobedo para manifestar su inconformidad y ahí permanecerán hasta encontrar una solución a sus demandas.
“No van a trabajar mientras que no ofrezca (la alcaldesa Clara Luz Escobedo) las garantías para hacerlo, vamos a ver si va a mantener a la gente que no trabaje. Los oferentes permanecerán en la plaza hasta que se nos dé una solución”, dijo.
Flores Cantú dejó entrever que esto podría interpretarse como un rompimiento entre la CTM y la alcaldesa Clara Luz Flores.
“El hecho de que un personaje de la política se desvíe de su pensamiento ideológico y sobre todo que no tenga sentido social, pierde en automático todos los derechos de ser un amigo en la CTM. Con las acciones que la alcaldesa está implementando, los está perdiendo”, dijo Flores Cantú.
Aunque descartó que se esté lanzando un ultimátum, el dirigente señaló que se hablará con los consejeros políticos del PRI estatal, con los integrantes de otras bancadas y que una comisión le hará llegar los pormenores del caso al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, para que tome conocimiento de las acciones que la alcaldesa priista está ejerciendo contra los militantes cetemistas.
En la conferencia, Flores Cantú estuvo acompañado por los diputados locales Maribel Villalón y José Luis Garza Ochoa, así como por secretarios generales de las federaciones y algunos comerciantes quienes aseguraron que los cobros contra los comerciantes no están amparados con recibos e, incluso, les han quitado mercancía.
“De 100 personas que trabajaban en un mercado, a 10 o 15 personas les daban recibo y a 85 o 90 no les daban recibo, y se fue prolongando esto de manera tal, que los mismos inspectores comenzaron a pedir cajas de tomate, cajas de aguacate, bultos de papa, camisas y pantalones, en una palabra, comenzaron a quitarles la ganancia.
“Y llegó un momento en el que dijeron, ya no podemos, ya no podemos trabajar, no hay las condiciones, la persona que reclama un recibo lo suben a la granadera y lo privan ilegalmente de su libertad”, finalizó.