Cd. de México.-
Autoridades federales y estatales emprenden campañas de desinformación entre las comunidades indígenas y han utilizado las consultas previas como instrumento de legitimación de sus propuestas o proyectos, acusó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Durante la presentación de la recomendación general número 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez lamentó que además de desinformar, las autoridades proporcionan datos pocos claros, imprecisos e incompletos que impiden que las comunidades conozcan plenamente los posibles riesgos ambientales y el impacto cultural que pueden tener los proyectos que pretenden desarrollar en sus territorios.
Destacó que de 2009 a 2010 la CNDH recibió cuatro quejas en la materia, sin embargo, de 2015 a 2016 esta cifra aumentó a 18 quejas y en total de 2009 a lo que va del año se han registrado 44 incidencias y explicó que además de la falta de información sobre los proyectos, continuamente las autoridades ni siquiera consultan a los pueblos indígenas antes de aprobarlos.
“El carácter previo de la consulta es constantemente vulnerado. En algunos casos se advierte una tendencia de la autoridad a emitir las autorizaciones que dan lugar al proyecto, sin consultar ni hacer partícipe a la comunidad indígena en el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos.
“La consulta se da en diversas ocasiones en un contexto de violencia, amenazas, hostigamiento, represión, criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades”, detalló.
Por ello, en su recomendación la CNDH llamó a los poderes ejecutivos federal y estatales a presentar iniciativas de ley para regular este derecho y que se encuentre debidamente reconocido en la legislación mexicana.
Puntualizó que las consultas previas deben cumplir mínimo con cinco características para no violentar el derecho de los pueblos indígenas y es que sean previas, libres, informadas, de buena fe y culturalmente adecuada.
González Pérez comentó que si bien no está legislado este derecho, todas las autoridades de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de cumplir con los estándares internacionales establecidos en la materia.
