Cd. de México.-
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados alista la presentación de una iniciativa para reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de acelerar las 388 solicitudes de juicio político presentadas en la Cámara de Diputados en los últimos 13 años.
Este documento lo tiene listo, el secretario de la Subcomisión de Examen Previo, el perredista Rafael Hernández Soriano y adelantó que la iniciativa será presentará el periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo primero de septiembre.
Se “pretende acortar plazos, establecer un periodo de análisis más corto y que no sea estrictamente necesario separar de su cargo” al demandado, sostuvo el diputado perredista y aseveró que esas solicitudes datan desde el año 2003 a la fecha.
Añadió que la dilación en los juicios políticos en contra de servidores y ex servidores públicos se debe, en buena medida, “a que los presidentes que encabezan las comisiones que integran esa Subcomisión, las de Justicia y Gobernación, son del PRI y no quieren darle curso a las demandas”.
Hernández Soriano dio a conocer una lista de 37 nombres de servidores y ex servidores públicos, de los 388 contra los que se ha solicitado juicio político.
En la relación aparecen: Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador, Patricio José Patrón Laviada, Mario Marín Torres, Felipe Calderón Hinojosa, Fidel Herrera Beltrán, Jesús Murillo Karam, Eruviel Ávila Villegas, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Genaro Góngora Pimentel, Alejandro Jesús Encinas Rodríguez, Arturo Nuñez Jiménez y Gabino Cué Monteagudo.
También Javier Lozano Alarcón, Luis Videgaray Caso, Emilio González Márquez, Andrés Rafael Granier Melo, Luis Carlos Ugalde, Ney González Sánchez, Marco Antonio Adame Castillo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Emilo Álvarez Icaza, Marcelo Ebrard Casaubón, Francisco Ramírez Acuña, Zeferino Torreblanca Galindo, Pablo Salazar Mendiguchía, Guillermo Galván Galván y Agustín Carstens Carstens.
Finalmente, en esa lista se encuentran: Juan Francisco Molinar Horcasitas, Leonardo Valdés Zurita, Leonel Castillo González, Julio Frenk Mora, Carlos Navarrete Ruiz, José Guadarrama Márquez, Pablo Gómez Álvarez, Javier González Garza, entre otros.
El secretario de la Subcomisión de Examen Previo señaló que, por ejemplo, existen cuatro solicitudes de juicio político en contra del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Hernández Soriano denunció que pese a la instalación de la Subcomisión de Examen Previo, en abril pasado, para dar respuesta a las 388 solicitudes ciudadanas de juicios políticos, no se ha podido avanzar debido a que la presidencia del órgano legislativo, a cargo del PRI, no ha sido llamada a sesionar.
“Duermen el sueño de los justos desde la LIX Legislatura, es decir, desde hace 15 años. Ya es digno de sospechar que el PRI no quiere atender estos asuntos políticos; y digo el PRI, porque esta subcomisión tiene dos presidencias y ambas las ocupa el Revolucionario Institucional: el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén·, expresó.
Recordó que desde el Sol Azteca siempre se le ha dado celeridad a las solicitudes que han llegado a la Cámara, incluso con personajes que en algún momento pertenecieron o pertenecen al partido. “Sospechamos que el PRI sí quiere encubrir a algunos, porque son la mayoría en esta Cámara, y por eso tienen una obligación mayor al respecto”.
Hernández Soriano manifestó que se debe dar cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades, que estipula plazos de entre seis meses y un año para atender estas denuncias. “Hay una opinión de algunos legisladores del PRI de que prescriben, porque la ley federal dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados solamente en el año posterior a que dejen el cargo. Lo que no prescribe es el derecho de la ciudadanía a saber la verdad jurídica”, manifestó y aseguró que su intención es incentivar a que los legisladores cumplan con su obligación legal.