México, D.F.-
El encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Olivas, informó que en lo que va de la actual administración pública federal se han aplicado 18 mil 093 sanciones a 15 mil 323 servidores públicos, lo que ha permitido recuperar tres mil millones de pesos para la Federación.
Al participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de Anticorrupción del G-20, Olivas Ugalde destacó el papel de las auditorías e inspecciones a cargo de la institución, lo que ha permitido enfrentar conductas indebidas.
Mencionó que herramientas como Compranet, la Bitácora Electrónica, la figura del Testigo Social y las Declaraciones de Situación Patrimonial, se han constituido como las principales medidas preventivas para evitar que se transgredan las normas legales.
Refirió que respecto al cumplimiento de la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos se han tenido avances sustanciales y, en este sentido, puntualizó que en mayo pasado se logró un cumplimiento de 96.56%.
Compranet, dijo, es un mecanismo que contribuye a la transparencia de las compras del Gobierno, adquisiciones, arrendamientos y en contratación de servicios y obras públicas, en tanto que el testigo social es un sujeto ajeno al gobierno, cuya experiencia y conocimiento evita actos discrecionales que puedan propiciar la corrupción.
Manifestó que el Principio de Transparencia no solo es fundamental en la gestión gubernamental, sino también en los entes privados para que clarifiquen los movimientos y flujos de recursos.
Subrayó que en cuanto al soborno internacional es necesario contar también con información transparente de los diferentes países.
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