Contrario a lo que podría esperarse, la noticia de que los congresos de Jalisco y Veracruz convirtieron a estas entidades en las primeras de la República en retirarle el fuero al gobernador, alcaldes, legisladores locales y secretarios gubernamentales, no ha dominado el tráfico en las redes sociales.
Lo anterior demuestra que en México es mucho más entretenido y rentable (para algunos) inundar el ciberespacio con críticas, descalificaciones al gobierno, denuncias caducas y hasta ridículas teorías de conspiración.
Sin embargo, eso no quita que esas dos entidades despojaron a sus gobernantes de la protección legal que les permitía gozar de una indignante impunidad que, eso sí, siempre ha enojado a un importante sector de la sociedad.
En el vecino Estado de Nuevo León las discusiones para llevar al pleno del Congreso Estatal una iniciativa de ley que termine de una vez por todas con el fuero constitucional están más que resueltas, con todas las fuerzas políticas de acuerdo en que ha llegado el momento de eliminar esta prerrogativa.
Incluso ya existe una iniciativa de ley enviada por el “Bronco gober” en ese sentido, misma que se espera sea discutida al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en este mes de septiembre.
Pero la idea central de todo este comentario no es que -otra vez- los vecinos de Tamaulipas han demostrado que cuentan con gobiernos mucho más progresistas que los que tiene Nuevo León.
La idea es que en Tamaulipas simple y sencillamente tenemos un montón de prioridades por cumplir antes de andar pensando en quitarle el fuero a los diputados, alcaldes y, por supuesto, al gobernador.
Para ponerlo de una forma más gráfica: en Tamaulipas este tema del fuero es como la gotera de una casa que se está cayendo a pedazos por culpa de las termitas. Primero hay que fumigar para, luego, ocuparnos de las filtraciones de agua.
Y no se trata de decir que la idea no es buena, considerando que a lo largo de la historia de esta sufrida entidad hemos estado bajo el régimen de un montón de personajes que bien que supieron aprovechar (para mal) los beneficios que les otorgaba el fuero constitucional.
Ahí está el ejemplo de Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien de pronto se ha convertido en el personaje más buscando por las autoridades judiciales del país y quien ha sabido convertirse en ojo de hormiga.
El castigo para todos aquellos que le metieron la mano a los recursos públicos es una de las prioridades que tienen que atenderse en la entidad y no por un espíritu vengativo o revanchista, sino porque simple y sencillamente los tamaulipecos necesitamos ver que por primera vez en la historia, alguien que traicionó nuestra confianza va a pisar la cárcel.
Para como van las cosas, todo parece indicar que ver a personajes como Tomás Yarrington y un montón de alcaldes, tesoreros y demás funcionarios públicos con la pijama a rayas no va a suceder en el corto plazo.
Es triste ver que la administración de Egidio Torre Cantú se haya vuelto experta en el delicado arte de nadar de muertito, condenando a Tamaulipas a un sexenio de nada.
Hoy que nuestros vecinos están ocupados pensado en castigar a los gobernantes que se porten mal, los tamaulipecos siguen esperando a que finalmente se dé un ataque frontal y definitivo a la delincuencia.
Porque la verdad es increíble que ni siquiera porque hoy nadie -especialmente la clase política-, está a salvo de los delincuentes, la administración de Egidio Torre haya decidido atacarlos frontalmente.
Cada vez es más frecuente ver en las noticias que personajes que antes eran considerados “intocables” para la delincuencia, como secretarios de gobierno, alcaldes, diputados y hasta sus familiares, ahora son el blanco favorito de los criminales que no dudan en matar cuando lo consideran necesario.
Tan mal andan las cosas, que cuando una tragedia de este tipo enluta a la familia de uno de ellos, el gobierno ni siquiera puede ofrecerles el vano consuelo de haber detenido y sancionado a los culpables.
Organismos como Fuerza Tamaulipas y el Grupo de Coordinación Tamaulipas no fueron más que buenas intenciones para combatir el grave problema de inseguridad que se tiene en la entidad, donde la gente exige un alto a las balaceras, secuestros, robos y asaltos.
Estas instituciones, que en teoría son una gran idea para atacar a la delincuencia que reina en muchas regiones de la entidad, muy pronto se vieron rebasadas por la corrupción, la desconfianza y la falta de recursos para poder ejecutar con eficiencia su responsabilidad.
Su labor ha sido tan ineficaz, que nadie en su sano juicio está pensando en pedirle al Ejército, la Policía Federal y la Marina que se retiren a sus cuarteles, que las fuerzas civiles pueden con el paquete de ofrecerle a los tamaulipecos paz y tranquilidad.
Si los militares y los federales se van, sólo Dios sabe lo que pueda sucederle a la pobre sociedad tamaulipeca que, ahora sí, quedaría totalmente abandonada.
Suena duro decirlo pero es verdad: Tamaulipas está a un paso de ser considerado en Estado en ruinas y la prioridad que debemos de tener es reconstruir poco a poco el dañado tejido social que mantenía unido a este pedazo de tierra donde hubo un tiempo en que era bastante agradable vivir y ver crecer a nuestros hijos.
Hoy que la reconstrucción es importante, ya tendremos oportunidad en un futuro en pensar en fiscales autónomos y la eliminación del fuero para los gobernantes.
Como decía el filósofo: “primero va el uno y luego el dos… pero en el 21 se…”, bueno, el resto ya se lo saben.
Es cuestión de prioridades
