México, D.F.-
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la destitución por tiempo indefinido y sin goce de sueldo del juez federal Daniel José González Vargas, quien había sido adscrito de Baja California a Veracruz recientemente para facilitar una investigación en su contra.
Por ello se impuso la misma sanción al actual secretario del juzgado del distrito en Baja California, Ricardo Arreola Villanueva, ya que se detectaron posibles irregularidades en el otorgamiento de suspensiones de amparo a empresas importadoras de autos usados.
Luego de esta decisión y según la normatividad, el Consejo iniciará la revisión de sus cuentas bancarias y las de sus familiares hasta en tercer grado para determinar si recibieron dinero ilícito por parte de las personas morales implicadas.
Después de una serie de investigaciones administrativas a partir de quejas en contra de al menos cinco jueces federales en el país, quienes habrían emitido amparos a favor de empresas comercializadoras de los autos conocidos como “chocolate”. González Vargas fue cambiado de adscripción y actualmente era titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Villa Aldama, Veracruz.
Después de casi seis meses de la investigación administrativa, la Judicatura concluyó que González Vargas infringió la ley aduanera al conceder suspensiones provisionales y definitivas a empresas importadoras de autos usados.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, denunció en este mismo espacio que dos jueces federales han otorgado 80% de estos amparos.
El Consejo ordenó una visita de inspección al juzgado de González Vargas para recabar información sobre probables irregularidades e inconsistencias en juicios en los que aparezcan como partes una determinada persona moral dedicada a la importación de vehículos.
“La investigación administrativa ordenada por el Pleno puede extenderse a cualquier otro servidor público si de la misma se desprenden elementos presuncionales”, advirtió la Judicatura. Solís pidió al CJF continuar con sanciones a otros jueces federales que presuntamente también otorgaron amparos irregulares para beneficiar empresas.
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