Cd. de México.-
En sesión del 14 de diciembre, se aprobó por 400 votos a favor y 1 abstención la iniciativa presentada por el Dip. Tomás Montoya reforma el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de que las autoridades escolares puedan identificar y atender los casos de deserción escolar.
El índice que mide el abandono escolar establece que la problemática del abandono o deserción aumenta considerablemente en relación con el avance en los niveles de estudio. En este sentido, la educación primaria registra una tasa del 0.1 por ciento; por otra parte, la educación secundaria registra una tasa del 3.1 por ciento; finalmente, la educación media superior concentra una tasa del 15.5 por ciento. Frente a lo anterior, resulta pertinente señalar que los obstáculos para el real y efectivo acceso a la educación se agudizan e incrementan conforme al avance en los niveles del sistema de educación pública.
“Cuando un niño o adolescente falta con regularidad a clases es síntoma de que algo malo está pasando ahí, o estamos ante un caso de violencia familiar, adicciones, explotación laboral, o bien puede ser un tema de salud en cualquiera de los casos el DIF es la autoridad que tiene las herramientas necesarias para cuidar lo derecho de nuestros niños, una de las formas de detectar esto y actuar a tiempo es a través de los centros escolares de ahí la importancia de la reforma para establecer un protocolo que cuide a nuestros menores”, señaló el legislador.
El mecanismo propuesto establece un esquema de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través del personal docente, y las Procuradurías de Protección, quienes deberán restituir en el goce de sus derechos a los niños que por cualquier circunstancia, sean privados de su derecho a la educación.
Se busca crear un mecanismo interinstitucional para la atención oficiosa por parte de las autoridades educativas de los casos de abandono y deserción de la educación básica a fin de dar vista a la Procuraduría de Protección para la investigación, atención y seguimiento de los hechos.
“No podemos dejar de mencionar que cualquier esfuerzo encaminado a mantener a nuestros niños en las aulas, será un dique a las violaciones de sus derechos, tales como el trabajo infantil, explotación sexual, violencia familiar, matrimonios y embarazos de adolescentes”, resaltó el Diputado Montoya.
La minuta de esta iniciativa fue enviada al Senado de la República para su análisis.
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