Avala comisión exhorto para garantizar atención a víctimas de bullying

México, D.F.-
La Segunda Comisión de la Permanente aprobó exhortar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones en la materia de los estados y del Distrito Federal a garantizar la atención de las y los alumnos afectados por bullying.

En sesión de dicha comisión se aprobó el punto de acuerdo donde se establece que la reparación de las víctimas de violencia escolar, se hará sobre la implementación de protocolos y tomando en cuenta las necesidades y características particulares de niñas, niños y adolescentes.

Cabe destacar que la propuesta fue impulsada por la diputada federal de Nueva Alianza, Dora María Talamante Lemas, la cual derivó en controversia por la pretensión de ampliar el exhorto a las comisiones estatales de Derechos Humanos.

Al respecto, la presidenta de esta comisión legislativa, Angélica de la Peña Gómez, fundamentó que los organismos autónomos de derechos humanos no tienen injerencia en este y dio su argumentación.

“Los organismos autónomos de derechos humanos, en este caso específico de este punto de acuerdo, no tienen injerencia, porque en el bullying no hay un acto de autoridad, es un asunto de alumnas y alumnos entre pares”.

“Hay un predominio, hay una intimidación, acoso preponderante, que siempre tienen la tendencia de socavar, menoscabar, acosar, intimidar, a través de distintas formas a otra niña, niño, o joven o adolescente”, argumentó la senadora del PRD.

“Pero, no es un tema, creo que tenga que estar inscrito como una potestad de los organismos autónomos de derechos humanos. Las consultas que se hicieron a la Comisión Nacional de Víctimas, sí, ese sí, ahí sí, es un organismo en donde le compete la materia”.

Se destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, surgida apenas en enero de este año, brinda a las personas en situación de víctima, herramientas idóneas que le ayuden a tener atención institucional y reparación integral del daño.

Otras de las funciones de la comisión, es la de garantizar la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Además de propiciar su intervención en la construcción de políticas públicas; así como evaluar a las instituciones que conforman el sistema, a fin de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones.