Cd. de México.-
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, descartó implementar medidas de austeridad que afecten las percepciones de los magistrados.
En entrevista en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), tras participar en el IV Seminario Homenaje a don Jesús Reyes Heroles: Tendencias actuales de la democracia en México, Otálora Malassis detalló a pregunta expresa, información sobre las camionetas nuevas que adquirió el TEPJF para los magistrados, como publicó EL UNIVERSAL en Bajo Reserva.
Explicó que los cinco vehículos modelo 2017 fueron comprados el año pasado, “dentro del contexto de lo que alcanzaba con el presupuesto y de conformidad con todos los procedimientos administrativos a los cuales estamos sujetas todas las áreas” del Tribunal.
Información obtenida por EL UNIVERSAL señala que el TEPJF compró en total cinco camionetas: dos Chevrolet Tahoe, con valor de 897 mil 300 pesos cada una; dos Chevrolet Suburban, cuyo costo unitario es de un millón 36 mil 300 pesos y una camioneta General Motors, Acadia.
En total por los cinco vehículos, el Tribunal pagó 4.5 millones de pesos; la compra se hizo el pasado 19 de diciembre de 2016, a través de invitación a tres empresas, antes de que se anunciara el llamado “gasolinazo”.
Las cinco unidades sustituyen a igual número que fueron desincorporadas del TEPJF, al cierre del pasado ejercicio, con los anteriores magistrados, en un proceso administrativo.
Los vehículos normalmente se concentran en la Dirección General de Enlace y Vinculación Oficial, coloquialmente conocido como de Atención a Magistrados, donde pueden darles uso de acuerdo a sus actividades.
De acuerdo con fuentes del TEPJF los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón no aceptaron las camionetas.
Ambos —quienes hasta noviembre pasado, antes de integrarse a la Sala Superior, eran magistrados de Sala Regional— se trasladan en vehículos Áltima y no en Tahoe, Suburban o Acadia, como sus cinco compañeros.
Sobre la posibilidad de reducir el salario a los magistrados —380 mil 406 pesos netos al mes, más gratificaciones anuales— la presidenta del TEPJF recordó que están determinados en el Presupuesto de Egresos, definido por el Poder Legislativo, y se establecen por el Comité Homologador, dentro del Poder Judicial de la Federación.
Sostuvo que próximamente el TEPJF informará en qué áreas implementará medidas de austeridad por 480 millones de pesos, ahorros que en todo el Poder Judicial —como anunciaron en enero el Tribunal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— ascenderán a mil 900 millones de pesos.
“Más adelante vamos a ir especificando en qué rubros entrarán los ahorros. Estamos muy conscientes del momento que está viviendo México”, aseguró la magistrada.
Afirmó que las medidas son necesarias, ya que este año “hay cuatro elecciones, tres de ellas de gobernador”.
Este año el Tribunal Electoral tiene presupuestado un monto de 3 mil 125 millones de pesos que, aseguró, se ejercerán con responsabilidad y sin subejercicios, porque “finalmente es dinero que nos dan y que queda muerto” si no se emplea.
Añadió que por eso debe aplicarse “y ejercerse con austeridad, para ver dónde podemos ahorrar, sabiendo que de todos modos hay [tres] elecciones de gobernador este año”.
Otálora Malassis fue cuestionada sobre la reducción de 10% en las percepciones de los consejeros electorales del INE como medida de austeridad, acuerdo que fue impugnado por el consejero Benito Nacif Hernández.
Recordó que el caso ingresó al TEPJF el viernes, fue turnado a la ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera “y se resolverá con celeridad.
“No puedo emitir opinión alguna, porque después estaría impedida para conocer en el fondo del asunto, ya que estamos sujetos al sigilo judicial.
“Si yo emito ahorita una opinión, sea cual sea, me comprometo para el momento de resolver el asunto, pero ya está en la Sala Superior, ya está turnado a un magistrado; él lo estudiará e instruirá el documento”, dijo.
El 15 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y el TEPJF acordaron “medidas de contención en el ejercicio del gasto” hasta por mil 900 millones de pesos.
