El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en su momento lo hizo.
Cuando ocurrían crímenes de periodistas, su voceros de comunicación, su secretario de Seguridad o de Gobierno o él mismo salían de inmediato a justificar el hecho con la frase: “Estamos investigando, pero tenemos información de que tenía nexos con el crimen organizado”.
Cuando se trataba de civiles, la respuesta era muy similar: “Seguramente en algo andaban; a la gente que se porta bien, no la matan”.
De entrada, justificaban el hecho. La acusación implícita, aun sin hacer investigación alguna era, “si los mataron, probablemente se lo merecían”.
Criminalizar a las víctimas y exonerar a los victimarios fue moneda corriente en el mandato de Duarte.
Sí, el mismo que hoy se queja de que en Guatemala, en su reclusión sufre porque sus custodios “lo empujaron y maltrataron”.
El mismo que ahora, a través de sus abogados, pide respeto para sus derechos humanos.
Apenas a semanas de dejar el cargo, advirtió a los periodistas veracruzanos: “Pórtense bien”, que sonó más a amenaza que a un paternal consejo.
En el estado donde casi una veintena de periodistas murieron en forma violenta, sobre todo críticos de su administración, Duarte y sus procuradores no han sido implicados oficialmente por esos hechos. Las acusaciones contra el exmandatario tienen que ver con desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito y otros temas, pero no por la implicación de personal bajo su mando en esos homicidios.
Y acaban de suceder otros casos recientes en diversos puntos del país.
El crimen de Lesby Osorio, una chica de 22 años, hallada muerta, atada con un cable telefónico en terrenos de la UNAM desató la furia de mucha gente. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México propició eso.
De inmediato, la Procuraduría salió a “aclarar” que la chica “no er estudiante de la UNAM; que había estado bebiendo alcohol y drogándose con amigos” y que “vivía en unión libre con su pareja”, un trabajador de intendencia una preparatoria.
¿Y eso qué?
El trabajo de una fiscalía es investigar un crimen y hallar a los responsables, no buscar ni propalar posibles motivos para que alguien le hubiese dado muerte.
Lesby se ganaba la vida paseando perros y lo que hiciera con su vida es punto y aparte. La chamba de la Policía es indagar quién la asesinó y hacerlo pagar por ello, independientemente de si estudiaba o no en esa institución o si estaba soltera o casada y bebía café, agua de jamaica o alcohol.
Hace unos días, tres personas resultaron muertas a balazos en la Colonia del Valle en San Pedro, el municipio donde viven los potentados y millonarios de Monterrey.
La primera reacción de la autoridad municipal fue minimizar los hechos.
“Estas personas, que entiendo uno era de Sinaloa y otro del Estado de México, (y otro de Querétaro) vinieron a convivir a un espacio público en San Pedro y los siguieron y los ejecutaron aquí, pero esto no tiene nada que ver con la vida cotidiana del municipio”, dijo el alcalde Mauricio Fernández Garza.
O sea, como no eran ni de San Pedro, ni de Monterrey, pues… no importa mucho.
Eran foráneos.
“Simplemente es una ejecución… hay montonal de crímenes en la zona metropolitana de Monterrey, pero si en San Pedro rompes un vidrio, sale en todos lados”, dijo Fernández Garza.
Son personas asesinadas, seres humanos, independientemente de a qué se dedicaran, pero pareciera que importa más que no hayan sido distinguidos integrantes de una familia sampetrina y la imagen del municipio “modelo” de México.
No es un vidrio roto, señor alcalde.
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