Monterrey, N.L.-
Con el respaldo de sus homólogos en el Congreso Local, el diputado priista, Héctor García presentó una reforma al Código Penal y al de Procedimientos Penales para obligar a la autoridad a notificar a quien se encuentre en averiguación.
Lo anterior debido a que el legislador está siendo investigado por la Subprocuraduría Anticorrupción, debido a un supuesto adeudo (10 millones de pesos) con la mueblería “La Subasta”, sin embargo, no fue avisado por la dependencia de gobierno para poder defenderse.
En el pleno, el diputado relató que solicitó un amparo, luego de acudir personalmente a la Subprocuraduría para informarse de la investigación, sin embargo, se negaron a otorgárselo.
En su visita se enteró que además del “robo”, hay averiguaciones hacía su padres, familiares de McAllen y familiares cercanos. Por lo que recalcó que solicita la renuncia de Canales.
El tricolor señaló que al acudir a la Agencia Estatal de Investigaciones se sorprendió por la violación a las garantías individuales ya que el actuar del suprocurador Ernesto Canales, aseguró, es por desquites personales.
“Se nos investiga por una denuncia presentada hace seis años por un supuesto adeudo del sindicato (de Trabajadores del municipio de Guadalupe) que yo represento a una mueblería, pero nunca habían denunciado y era un tema de golpeteo político porque aparecía cada tres años en tiempos electorales, es un chantaje, pero ahora me investigan y no me dicen para que uno se defienda, yo sé que no debemos nada, que no hemos cometido delito alguno, y menos un robo en un asunto de deudas”, enfatizó.
El legislador Tláloc Cantú refirió que en el puesto se requiere alguien joven y moderno y no un “abogado trinquetero”.
Además refirió que Canales, al ser investigado por fraude no debía de permanecer en el cargo, por lo que secundó a Héctor García y también demandó su renuncia.
