Cancún, Q.R.-
Como resultado de las recientes inspecciones al predio en donde se construye el “Dragon Mart Cancún”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), concluyó que el megaproyecto debe contar con permisos federales, por lo cual emplazó a la sociedad mercantil “Real Estate Dragon Mart Cancún” a presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las obras en desarrollo no se pueden clausurar debido a que los promoventes se anticiparon y se han amparado en contra de medidas cautelares y de seguridad.
La Procuraduría informó este martes que en cumplimiento con la sentencia emanada del juicio de amparo indirecto 72/2013, promovido y ganado por el senador de la República, Daniel Ávila y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se realizaron dos visitas de inspección, una en materia de impacto ambiental y otra en materia forestal en el predio de 561 hectáreas en donde se desarrollan las obras.
Mediante un comunicado de prensa, la Profepa indicó que los especialistas y técnicos involucrados en ambas visitas de inspección, determinaron que el megaproyecto “Dragon Mart Cancún” debe cumplir con la normatividad federal vigente en materia de impacto ambiental y forestal, ya que la conformación vegetal en la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal.
El dato contrasta con la postura de la empresa, que ha negado desde hace año y medio que su proyecto tuviera que ser evaluado por la Semarnat a nivel federal, tal y como han venido insistiendo organizaciones como el CEMDA, la asociación “Fundadores de Cancún”, el Colegio de Arquitectos de Cancún, el movimiento “Voces Unidas por Puerto Morelos”, la asociación “Ombligo Verde”, entre muchos otros.
La propia Semarnat, a través de su delegado en Quintana Roo, Raúl Omar González Castillo, ha negado permanentemente que la dependencia tenga competencia en su evaluación, pese a lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Legeepa), en su artículo 28.
“Una porción significativa del predio ‘El Tucán’ tiene características ambientales de competencia federal”, afirmó este martes la Profepa.
En consecuencia la Procuraduría inició procedimientos administrativos para emplazar a “Real Estate Dragon Mart Cancún” para presentar las autorizaciones federales correspondientes y manifestar lo que a su derecho convenga en los siguientes 15 días hábiles, posteriores a su notificación.
En paralelo, se desahogan dos juicios de amparo. Uno promovido por quien fuera la dueña del predio -Ana María Díaz de León Erosa y su representante legal, Carlos Castillo- y otro por los actuales inversionistas, entre quienes figura también Carlos Castillo.
En el caso del primer amparo, la autoridad judicial negó la suspensión promovida, refirió la Profepa, sin ahondar en mayores detalles.
En torno al segundo amparo, promovido por la sociedad mercantil “Real Estate Dragon Mart”, dicha suspensión fue concedida en contra de un posible acto futuro e incierto para efectos de que no sea ejecutada una supuesta orden verbal para clausurar o suspender la obra.
Debido a lo anterior, la Profepa se declaró imposibilitada de clausurar la obra de forma precautoria.
“La obra cuenta por el momento con una suspensión definitiva que imposibilita imponer medidas de seguridad en términos del artículo 170 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, se señala, para luego agregar que se hará público el resultado de las diligencias y juicios pendientes.
El proyecto consiste en la construcción y operación de un centro de exhibición y venta de productos extranjeros, con 3 mil 040 locales, 20 bodegas de cinco mil metros cuadrados cada una, 722 viviendas, una plaza cultural y espejos de agua artificiales.
El 6 de septiembre del 2011 el gobierno de Quintana Roo emitió una autorización en materia de impacto ambiental, a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), permiso en el que la sociedad mercantil se han sostenido para tramitar otras autorizaciones a nivel local, siempre negando que requirieran permisos federales.
En abril del 2013, el gobierno de Cancún negó la licencia de construcción correspondiente, debido a que el proyecto viola el marco legal vigente, en materia urbana y ambiental, pero fue obligado en agosto de ese mismo año, por el Tribunal de Justicia del estado, a otorgar dicha licencia, al haber rebasado los tiempos para responderle a la empresa.
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