Nos cuentan nuestros colegas veracruzanos que cuando Javier Duarte comenzó su nefasto gobierno, lo primero que hizo fue atacar a la prensa. Pero no sólo con acoso e intimidación sino que también se registraron en el Estado 17 asesinatos de hombres y mujeres que ejercían su derecho a la libertad de expresión para luego huir cobardemente con el atraco al erario de al menos 35 mil millones de pesos.
Por otro lado el gobernador panista de Baja California, Francisco Vega, fue denunciado por el periódico FRONTERA por enriquecimiento ilícito. Durante su gobierno el periódico del grupo Healy al que pertenece El Imparcial de Hermosillo, publicó una investigación sobre las más de 60 propiedades inmuebles del gobernador en el Estado e incluso en San Diego, California. Casas, terrenos y fraccionamientos los cuales ahora le dieron el nombre de el zar de los bienes raíces.
¿Y qué creen? Al igual que el Alcalde de Nuevo Laredo ocultó su declaración de bienes, pero además acusó al periódico que señaló de cometer un delito donde él resulta ser la víctima, ¿de qué cree usted que acusó a FRONTERA?… Así es, adivinó usted, los acusó de extorsión. El mismo modus operandi.
Es evidente que el comportamiento de los corruptos a lo largo y ancho del país es sintomático y asombrosamente similar. ¿Será mera coincidencia? No lo creo porque ¿acaso Enrique Rivas no tiene también su casa blanca? Aunque dice que la casa la tomó en arrendamiento, ¿usted qué cree? Pronto lo sabremos porque en efecto como dice la periodista Lilly Téllez el dinero, como el amor, no se pueden ocultar.
CERO CONFIANZA
¿Para qué tener un costosísimo sistema electoral en México si al final no se respeta la voluntad popular? La “democracia” mexicana es carísima, se mide en miles de millones de pesos y es que en ella debemos sumar el costo para sostener al INE y los institutos estatales, al Tribunal Electoral, las asignaciones a los partidos políticos y el costo de las campañas.
Los partidos por ejemplo reciben anualmente entre 5 y 6 mil millones de pesos. Las elecciones de 2016 en 13 estados de la República donde se eligieron gobernadores, alcaldes y diputados costaron al erario 8,520 millones de pesos por lo tanto si tuviésemos elecciones en los 32 estados esa cantidad se elevaría a 20,972 millones de pesos esto sin incluir el costo de las campañas. Cada voto que sufraga un mexicano cuesta alrededor de 600 pesos tomando en cuenta el promedio de 49 por ciento de participación de los empadronados.
Es una barbaridad, sin embargo qué sucede cuando la confianza en estas instituciones se rompe a causa de un manotazo en Palacio Nacional para torcer la voluntad popular como sucedió el pasado 6 de junio en el Estado de México y en Coahuila. Sucede que todo este dinero se va directo al basurero. Qué podría hacer el país con esos recursos, cuántas escuelas, hospitales, carreteras, mejoras en los ingresos de los mexicanos, es una auténtica infamia económica pero además política, es verdaderamente una traición a la patria.
