Monterrey, NL.-
Pese a que Nuevo León firmó el convenio para implantar las innovaciones del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) el estado se halla entre los últimos lugares del país en cuanto a las unidades de medidas cautelares por parte de la Procuraduría estatal, ocasionado así un déficit en la procuración y administración de la justicia.
Lo anterior fue señalado por Álvaro Vizcaino Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en conferencia de prensa tras su participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM) celebrada en Monterrey, la cual fue presidida por el alcalde Adrián de la Garza Santos.
Vizcaino Zamora refirió que las medidas cautelares representan, en la procuración y administración de la justicia penal, un elemento básico y primordial que permite al juez de control garantizar el resarcimiento del daño a la víctima, como evitar que el presunto responsable del delito evada la justicia.
“Hay una preocupación en la sociedad, una percepción sobre el sistema de justicia penal en el sentido de que, afirman algunos, no esta funcionando.
“Es un buen sistema mejor y más transparente comparado con lo antes los juicios eran escritos, más rápido que permite la resolución de asuntos en 30 días la mayoría de ellos mediante mecanismos alternativos de solución”, explicó.
Sin embargo, destacó el funcionario federal reconoció que nuevo sistema aun no ha maduro y ha llegado a consolidarse por diversos factores, sobre todo humanos y de instrumentación.
“Están fallando algunos operadores del sistema y algunas instituciones que no fueron correctamente implementadas, por ejemplo, las unidades de atención temprana, o las unidades de medidas cautelares.
Viscaino Zamora dijo que el gobierno de Nuevo León se comprometió hace unos meses en fortalecer las unidades de medidas cautelares, pero aun no lo ha hecho.
Con más de 40 asistentes representantes a igual numero de municipios, la Conferencia Nacional de Seguridad llego a acuerdos específicos sobre cómo integrar la operatividad de las unidades de análisis e información, los sistemas de registro biomédico y el modelo de justicia cívica, informo el alcalde Adrián de la Garza.
También se aprobaron para su aplicación programas como el buen gobierno y cultura de la legalidad, y el establecimiento del protocolo de uso de la fuerza por parte de las policías municipales.
De la Garza Santos fue ratificado para ocupar por un año más la presidencia de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
