México, D.F.-
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, estableció que el análisis de las leyes secundarias de la reforma energética debe llevarse a cabo con responsabilidad, suficiente tiempo e incluir a todas las voces de expertos en la materia
También, apuntó, que por responsabilidad, cuidando la estabilidad y respetando el curso de los acuerdos en el Congreso de la Unión, este tema debe retomarse una vez iniciado el próximo periodo ordinario.
Dijo que gran parte de los mexicanos rechazarán un debate en lo oscuro sobre el destino de los recursos energéticos, por ello, Aureoles Conejo recalcó la necesidad de que en este tema haya la mayor amplitud e inclusión de ideas, debate de altura, de cara a la nación y tomando en cuenta al mayor número de voces especializadas.
Por ello, señaló que los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se preparan para llevar a cabo la defensa de los recursos energéticos del país.
Sin descalificar de inicio las iniciativas de leyes secundarias en materia energética que el gobierno federal hizo llegar al Congreso de la Unión, dijo que el partido hará todo lo que esté a su alcance para evitar que se entreguen el petróleo, gas y energía eléctrica a intereses extranjeros y privados.
En este sentido, refirió que la consulta popular para definir la viabilidad de las reformas a la Constitución en materia energética sigue su curso y se llevará a cabo en el marco del proceso electoral de 2015.
La consulta va y en ese tema no hay vuelta atrás, vamos a participar activamente en este debate y a poner de manifiesto el riesgo que existiría para el país y los mexicanos entregar los recursos estratégicos de la nación a manos extranjeras y privadas, insistió.
Por separado el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Carol Antonio Altamirano, señaló que el gobierno federal “se tardó 130 días en cabildear con el sector privado los términos de sus propuestas para leyes secundarias en materia energética”.
El legislador perredista rechazó que ahora se quiera presionar al Congreso de la Unión “para que las revise y las apruebe de inmediato, y sobre todo en una lógica de subordinación”.
Recordó que la reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre. “El gobierno fue quien decidió consumir todo el tiempo establecido en los transitorios e incluso más para enviar sus propuestas”, expuso.
“Todos debemos entender que en un Poder Legislativo plural lo que se necesita es escuchar a todos y permitir que todos los puntos de vista se expresen conforme a las garantías que marca el Reglamento de la Cámara de Diputados”, aseveró.
Indicó que el Congreso no es una ventanilla de trámites ni lugar para diálogos de sordos. Por eso, sostuvo, el PRD debe mantener una posición responsable y seria en la que presente sus argumentos con puntualidad.
Lo peor que podríamos hacer, agregó, sería alejarnos de la discusión porque eso equivale a dejar que PRI y PAN avalen la reforma “y quizá sin cuidar el interés público”.
Entre los temas que debemos tener cuidado, dijo el integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, está lo relativo a la contaminación ambiental, los términos de las contrataciones con el sector privado, los márgenes de discrecionalidad para hacer contratos a modo y beneficio de las empresas petroleras.
También el uso y acceso del fondo petrolero por parte de la Federación y las entidades, los derechos de las comunidades rurales e indígenas, los riesgos y simulaciones en la deducción de costos de las empresas para no pagar impuestos o derechos, la fiscalización y el combate a la opacidad y la corrupción.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a la responsabilidad de las fracciones legislativas. “Consideremos que una omisión o una mala redacción quedará sujeta a interpretación posterior en los contratos que se firmen con las compañías petroleras”.
“Y eso puede significar la pérdida de millones de dólares, que en vez de recibirse para el beneficio nacional, se pueden quedar en manos de empresas extranjeras o en casos de corrupción de altos funcionarios, iguales o mayores a los que hasta ahora se conocen”, puntualizó.
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