Monterrey, NL.-
La Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Procuraduría de Justicia, Secretaría de Educación y municipio de García aplicar sanciones administrativas e, incluso, fincar responsabilidades penales en contra de funcionarios que violaron garantías individuales a diversos ciudadanos.
Entre los afectados con la violación a sus derechos humanos hay una menor de edad agredida sexualmente en una escuela primaria, un detenido quien sufrió torturas por parte de agentes ministeriales y un defensor de derechos humanos detenido de manera ilegal y privado de su libertad.
Las recomendaciones fueron giradas al procurador de Justicia, Bernardo González Garza; el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, y al alcalde de García, César Valdés, respectivamente.
Sofía Velasco Becerra, presidenta de la CEDH, dio a conocer hoy en conferencia de prensa las causales por las que se emitieron las recomendaciones, en dos de ellas con posibilidades de fincar responsabilidades penales a varios servidores públicos.
La recomendación 20/2017 es sobre el caso de violación a una alumna de primer año de primaria por un empleado de una escuela pública, la recomendación es para que el secretario de Educación brinde atención psicológica y médica a la escolar.
Además la CEDH solicitó se sancione administrativa a los directivos del plantel quienes en lugar de brindar ayuda a la escolar y a su familia, apoyaron al agresor sexual de manera institucional. La niña fue cambiada de plantel educativo como medida para cerrar el caso, pero no por instancias de la escuela, sino de la autoridad superior.
“El deber de proteger a niñas y niños contra todo tipo de perjuicio implica adoptar medidas efectivas de seguridad en su beneficio. En los centros escolares, la prestación del servicio de educación activa deberes de mayor relevancia pues se tiene bajo el cuidado la integridad de menores de edad quienes están en una situación particular de vulnerabilidad”, detalla la recomendación de la CEDH.
Respecto a este caso, explicó Velasco, hubo distintas omisiones por parte de la autoridad educativa, ya que si bien se hizo el cambio de plantel escolar, tampoco se acreditó que la escuela y la propia Secretaría de Educación tenga protocolos para prevenir y en su caso, sancionar los casos de agresiones sexuales hacia los estudiantes.
En la recomendación 21/2017 dirigida al alcalde de García se establece que elementos de la policía municipal detuvieron y privaron de su libertad a un defensor de derechos de los migrantes, cuando éste se hallaba en las inmediaciones de las vías del tren repartiendo alimentos y folletos informativos a diversas personas.
El incidente ocurrió el 6 de octubre del 2016 y los responsables del arresto fueron elementos de la policía preventiva, quienes sin justificación alguna esposaron y llevaron en su patrulla al defensor de derechos de migrantes, para ingresarlo en las celdas municipales por alterar el orden en vía pública.
Además de sancionarse de manera económica a los policías se debe de proceder contra el juez calificador, quien encarceló y hasta le impuso una fianza al detenido para dejarlo el libertad, por alterar el orden en la vía pública y resistirse al arresto, pero sin que hubiera otro delito o falta alguna.
Por ello, destacó la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se le solicita al alcalde César Valdés fincar sanciones administrativas contra los involucrados en este incidente.
La recomendación 22/2017 dirigida al titular de la procuraduría de Justicia del Estado implica a varios elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes detuvieron y privaron de su libertad, además de torturar a un individuo, quien después fue sentenciado a prisión.
Los hechos ocurrieron en mayo del 2015 pero fueron denunciados hasta el 2016 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisó su presidenta.
Sin embargo, la víctima denunció que durante 55 minutos fue golpeado con pies y manos hasta fracturarle una costilla, por los agentes ministeriales que lo detuvieron, y pese a estar próximos a una autoridad investigador para su debido procesamiento judicial, éste no ocurrió así derivando en la serie de torturas físicas que fueron acreditadas mediante exámenes médicos y legistas.
Las recomendaciones para el titular de la PGJE son que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, al considerarse la gravedad de la violación a los derechos humanos, la cual no admite a figura de la prescripción del delito de tortura.
Asimismo, se solicita a la Procuraduría colabore con la Unidad de Investigación Especializada para que se establezcan los delitos derivados de este incidente, y por último, brindar el tratamiento médico y acompañamiento psicológico especializado que requiere la víctima.
