Uruapan, Mich.-
Desde el pasado 2 de abril Diego Fernández Quintero, joven michoacano de 19 años de edad, fue detenido en Beijing, China, por autoridades policiales luego de ser acusado de agresiones en contra del guardia de seguridad del lugar donde se alojaba.
Alejandro, de 21 años de edad, hermano mayor de Diego no puede abandonar ese país debido a que, de acuerdo con la madre de ambos Blanca Yolanda Quintero Sánchez, le fue decomisado su pasaporte y es obligado a trabajar por tres años para el gobierno chino, quien al parecer le exige pagar una multa de cerca de 2 millones de pesos para la reparación del daño. Blanca Quintero denunció que las autoridades consulares de México y de Michoacán les han dado la espalda.
Sin embargo, mediante un comunicado el gobierno del estado informó que el joven detenido en Beijing contará con un abogado para revisar el caso y tramitar su pronta liberación con apego a las leyes de ese país.
El documento indica que durante su estancia en Shanghai el gobernador Silvano Aureoles Conejo conoció este miércoles el caso y de inmediato solicitó información sobre el estatus legal del joven, así como la intervención de la Embajada de México en China.
El gobernador de Michoacán se encuentra en China para promover la inversión en el estado. Aureoles dijo, a través de su cuenta de Twitter, que buscaría contactar al representante de México en China, José Luis Bernal, para revisar el caso de los jóvenes. Del mismo modo instruyó al secretario de Gobierno de la entidad, Adrián López Solís, a contactar a la señora Blanca Yolanda.
En cuanto a los hechos la madre de los jóvenes relató que a principios de febrero de este año, Diego y Alejandro se dieron cuenta, por medio de un amigo de ellos, que en China ofertaban trabajos a extranjeros como maestros de inglés.
Tras realizar una serie de exámenes ambos jóvenes, originarios del municipio de Uruapan, fueron contratados a distancia para trabajar en Hanjin. Por lo que el 19 de febrero llegaron a China y el 24 de ese mismo mes comenzaron a dar clases.
Desde ese entonces estaban laborando en dos kínderes particulares, de una empresa presuntamente ligada a intercambios con la Universidad de Harvard, explicó Blanca Quintero.
“Después los obligaron a ir a un curso a Beijing pagado por ellos y los engañaron diciéndoles que les iban a dar hospedaje, los mandaron a una bodega a dormir en la misma escuela donde los habían contratado”, dijo.
La madre de los michoacanos relató que el 1 de abril pasado, Diego y Alejandro salieron a cenar y regresaron minutos antes de las 12 de la noche, por lo que el guardia ya no los dejaba entrar e incluso, aseguró, comenzó a empujarlos.
En respuesta, Diego le propinó un golpe al guardia de seguridad quien al parecer luego de aceptar una disculpa les permitió ingresar a la bodega esa noche. Al siguiente día, los jóvenes fueron detenidos por policías.
“Después ya nada más dejaron detenido a mi hijo Diego, y a Alejandro le aventaron sus cosas, lo corrieron y sin conocer a nadie anduvo divagando, pidiendo auxilio con la chica que los había contactado, porque no tenía dinero, ni casa, por lo que investigó donde estaba el Consulado de México en Beijing”, describió la señora Blanca.
Aseguró que una vez que Alejandro llegó a la sede diplomática ésta no tenía registro ni si quiera de su ingreso a ese país como mexicanos e incluso, dice la madre, le recomendaron que dejara preso a su hermano y que regresara en ocho días.
De eso ya han pasado siete meses. Blanca dice que cuando acudió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no obtuvo respuesta alguna de parte de las autoridades mexicanas. Denunció que la señora Elda Contreras Téllez, quien la atendió, sólo se limitó a decirles que la SRE no podía hacer nada, que mejor contrataran a un abogado.
La madre de los jóvenes dijo que contrataron un defensor que sólo los timó, les sacó dinero pero no hizo nada, ni un trámite, para sacar a su hijo de la cárcel y que le regresaran sus documentos al otro.
Finalmente, asegura que la escuela exige a través de las autoridades, 900 mil yuanes para la reparación del daño, que equivalen a 2 millones 100 mil pesos, a cambio de retirar los cargos contra su hijo, por “haber golpeado y dejado en estado grave” al guardia de la bodega, explicó.
