Ciudad de México.-
El nuevo sistema de justicia penal se convirtió en una “puerta giratoria” para los narcomenudistas, consideran expertos, puesto que de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 85% de los detenidos y presentados ante un juez libran la cárcel. Incluso, pasan más tiempo en el Ministerio Público que en prisión.
De 2017 y al primer bimestre de este año se procesaron a mil 234 presuntos vendedores de droga, de los cuales sólo 184 están tras las rejas.
Al resto, mil 50, les aplicaron penas como ir a firmar, pagar una fianza, no ausentarse del país o quedar bajo el resguardo de una persona que vigile su buena conducta.
Esta situación da pie a la reincidencia, como es el caso de Gabriel Alexander “N”, quien ha sido detenido en tres ocasiones por comercializar con drogas, principalmente marihuana y cocaína.
En la primera el juez de control calificó como no legal la detención y lo dejó libertad; la segunda, le impusieron como medida cautelar que fuera a firmar mensualmente a un juzgado y regresó a las calles.
El pasado 28 de febrero lo aprehendieron de nuevo por narcomenudeo y ahora el Ministerio Público espera que le dicten prisión oficiosa o, en el último de los casos, una medida cautelar más severa.
El Triubunal Superior de Justicia de la Ciudad de México argumenta que los jueces aplican la ley que los diputados elaboraron y que en este nuevo sistema establece la pena corporal como una medida excepcional, no como la regla.
“Al Poder Judicial sólo le toca aplicar la ley en sus términos, además los jueces dictan prisión preventiva oficiosa en los casos que lo prevé claramente la Constitución, es decir, los delitos de alto impacto”.
El órgano jurisdiccional indicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso, es decir, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, que no deben ser vistos como impunidad.
El abogado penalista Luis Hinojos consideró que la ley está bien aplicada y que si se requieren penas más duras, entonces debe reformarse la normatividad para apretar algunas lagunas del nuevo sistema penal y así terminar con la reincidencia.
Por su parte, el sociólogo José Alberto García recomienda como medida alterna a la prisión preventiva el trabajo forzado para reincidentes.
