San José, Costa Rica.-
Un nuevo conflicto surgió entre el gobierno y la oposición política de Nicaragua, por la denunciada pretensión del presidente Daniel Ortega de imponer una “ley bozal” para restringir el acceso a WhatsApp, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y otras redes sociales, y coartar la libertad de expresión.
La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, esposa de Ortega y primera dama, solicitó a la Asamblea Nacional —sometida al control del gobierno— abrir un debate sobre las influencias negativas de las redes sociales.
“Podemos estar siendo influenciados negativamente por esas redes sociales”, advirtió Murillo, quien negó que el objetivo sea prohibirlas, pero alegó que influyen en la “capacidad de convivencia” las familias.
La oposición denunció que la intención del gobierno quedó encubierta con el pretexto de reformar el Código de Familia para proteger a la niñez, la adolescencia, la juventud y los demás miembros de núcleos familiares.
La iniciativa fue rechazada por sectores mediáticos, sociales, políticos y religiosos en un país en el que, según la oposición, hay una dictadura dinástica, porque Ortega y Murillo, que comenzaron a gobernar en 2007, controlan los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, la Policía Nacional y el Ejército y, con sólo una excepción, los canales de televisión.
“Las redes sociales son el último bastión para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua”, dijo el comunicador nicaragüense Guillermo Rothschuh, director del Observatorio de Medios.
Anticipó, consultado por EL UNIVERSAL, que “se perfila que ante la imposibilidad de establecer controles sobre las redes sociales, porque resulta imposible, se van a tipificar nuevos delitos para penalizar ciertas expresiones de los nicaragüenses que se dan en diferentes vías, incluyendo las redes sociales”.
El plan generó el rechazo de la cúpula católica. “El Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales pues terminará limitando la libertad de expresión”, declaró el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, a Fides, agencia noticiosa de la Santa Sede.
“Tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas, pues terminará imponiéndose sobre ellas por la fuerza”, agregó.
