Seis civiles fallecieron a causa de la más reciente balacera en Reynosa y en consecuencia la pérdida del ser querido ya es irreparable, lo menos que puede hacer el Ministerio Público es localizar a los familiares de las víctimas para asesorarlos.
Para que así obtengan una justa indemnización como reparación del daño moral y material; pero de acuerdo a los usos y costumbres de la autoridad ministerial no lo harán, tendrá que ocurrir ante ellos algún familiar.
Y si lo hacen, le dirán al ofendido o familiar de la víctima del delito que tendrá que acreditar el nexo familiar y si andan de malas hasta la defunción, son aislados los agentes del Ministerio Público que se encargan de esos trámites.
Pocos comprenden que encima del dolor que soporta el ofendido ahora tendrá que empezar un largo camino para obtener una indemnización, que no va ser fácil, hay jueces que tienen por criterio que si no prueban quién fue el responsable del hecho no procede la reparación del daño.
Y ante tanto obstáculo, sobreviene el desaliento y dejan las cosas en el olvido, reflexionan que el daño grave, ése ya no tiene solución y no es cosa de seguir amargándose la vida para obtener una indemnización a manera de reparación del daño.
De esas historias, están plagadas sexenio tras sexenio las agencias del Ministerio Público y los Juzgados Penales lo mismo en el fuero federal que el común, resultando excepciones a la regla los servidores públicos que asumen esos cargos con la conciencia de que son facilitadores de las víctimas para que éstas sean indemnizadas justamente.
Algún día cambiará esa actitud?
Quiero creer en que sí, todo depende de implementar filtros de admisión que detecten la conciencia y buena fe con que se van a comportar en el cargo.
Una triste semana tuvimos pero el diario vivir no se paraliza, y si escucha balazos no pretenda ver por dónde son, resguárdese y encomiéndese a Dios. No hay de otra y que retorne la calma en este fin de semana.
