Cd. de México.-
Un tribunal federal requirió oficialmente el cumplimiento de cuatro amparos en los que las sentencias desconocieron la “verdad histórica” difundida por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ordenaron la creación de una comisión de la verdad para investigar el caso.
De acuerdo con las listas de este miércoles, el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito recibió las sentencias emitidas por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, por lo que notificó y requirió el cumplimiento de las mismas.
“Se recibe testimonio de ejecutoria terminada de engrosar el doce de junio de dos mil dieciocho (…) Se requiere el cumplimiento de la misma a las responsables”, indicó el magistrado en los expedientes de amparo promovidos por Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”; Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Gildardo López Astudillo “El Gil” y Miguel Ángel Bahena Landa “El Chequel”.
Con la notificación comienza a correr el plazo de diez días naturales ordenado por el Tribunal Colegiado para crear la comisión de la verdad que debe estar integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ministerios públicos de la PGR.
Detenido por PGR en caso Ayotzinapa no corresponde con identidad de “La Rana”: CNDH.
Erick Uriel “N” presentó una queja ante la CNDH en la que aseguró que no era la persona que las autoridades estaban buscando y alegó que su detención se debió a una confusión y a un grave error.
Detenido por PGR en caso Ayotzinapa no corresponde con identidad de “La Rana”: CNDH
Además, las sentencias ordenan la anulación de los autos de formal prisión contra los quejosos, a quienes se les identificó como miembros de los Guerreros Unidos, por delincuencia organizada debido a que existen indicios de que sus confesiones sobre el secuestro, homicidio y quema de los normalistas, fueron obtenidas mediante tortura.
Con ello, la PGR también contará con 10 días para presentar dictámenes periciales, realizados por especialistas independientes, con base en el protocolo de Estambul para aclarar si realmente fueron torturados.
