Fotos: Andrea Jiménez
Monterrey, NL.-
Al grito unánime de “Ni perdón ni olvido”, familiares de desaparecidos exigieron hoy, durante el foro Escucha para la Reconciliación y Pacificación, resolver los más de 2 mil 900 casos de privación ilegal de la libertad registrados en Nuevo León, incluidos los ocurridos hace más de 40 años durante la llamada Guerra Sucia.
Realizados en instalaciones de la Facultad Libre de Derecho, ubicada en Santa Catarina, el encuentro permitió a integrantes de organizaciones no gubernamentales, presentar ante Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sus reclamos ante la indolencia, apatía y negligencia de autoridades federales y estatales.
Con mantas y pancartas, con cartulinas y fotos impresas en papel o plasmadas en camisetas, madres, padres, hijos, hermanos y novias de niños, jóvenes y adultos “levantados” por grupos criminales o secuestrados, o arrestados por policías y miliares, reclamaron la aparición de sus familiares.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue la premisa planteada a cada rato por los familiares de las víctimas, lo mismo de la guerra sucia emprendida por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo contra la guerrilla y grupos subversivos en los años 70 y principios de los 80´s del siglo pasado; o en la guerra contra el narco, en los sexenios del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto.
Ahí estaba Ana María Salas Ramos, hermana de Ramiro, desaparecido el 4 de abril de 1978, quien siendo estudiante de maestría en la Facultad de Economía de la UANL becado por el Conacyt, fue levantado por la Brigada Blanca del Ejercito Mexicano y la Policía Judicial y tras de 40 años de búsqueda, se desconoce su paradero.
“Lo hemos buscado incansablemente. Mis padres murieron aún con la esperanza de encontrarlo vivo, y hoy exigimos respuestas. Estamos hambrientos de justicia para él ya que nos privaron de sus abrazos y cariño, y castigo para los responsables”, refiere Salas Ramos.
Lesly Hidalgo, integrante de la organización Eslabones dijo en el uso de la palabra “Hemos sido testigos de gran dolor, enojo y coraje que nos han manifestado en duros y difíciles testimonios familiares, que tienen una justa exigencia hacia las actuales autoridades por su incapacidad y negligencia en resolver y atender cada caso, que esperamos las nuevas autoridades no repitan”.
De acuerdo a los datos aportados por las organizaciones, en base a información oficial de las autoridades judiciales y policiales, en Nuevo León oficialmente se tienen contabilizados 2 mil 900 casos de personas desaparecidas o privadas de su libertad de manera ilegal, aunque la cifra negra, esa que involucra a hechos no denunciados por temor a represalias por decisión de los afectados, podría ser de dos o tres, o más veces.
Rosario Piedra Ibarra, integrante del comité de Eureka, la primera organización no gubernamental en México en pie de lucha por erradicar la tortura y la desaparición de personas, también expuso ante los organizadores del Foro Escucha, los reclamos y exigencias para que se resuelvan uno a uno todos casos denunciados.
La activista hizo mención en el uso del micrófono de los jóvenes estudiantes de Nuevo León secuestrados durante la guerra sucia emprendida por el gobierno de Echeverría contra grupos opositores al régimen, sino de los diversos crímenes cometidos por autoridades civiles y militares en contra de la población.
Piedra Ibarra, hija de la activista y ex candidata presidencial y ex senadora Rosario Ibarra de Piedra, planteó como premisa la apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y cuerpos policiales, para conocer los operativos y acciones de las unidades de contrainsurgencia durante el gobierno de Echeverría.
Además, demandó la creación de una Comisión de la Verdad integrada por ciudadanos, para esclarecer e investigar, y en su caso sancionar, a los responsables de los secuestros y homicidios perpetrados por autoridades en contra de la sociedad civil durante los años de la Guerra Sucia, así como los crímenes políticos y sociales registrados desde 1969 hasta 1999.
Ni perdón ni olvido, fueron también expresiones de Piedra Ibarra, al referir que “no se puede hablar de democracia en México, con tantas personas desaparecidas, ni construir un nuevo país sobre las ruinas y las fosas clandestinas que día a día siguen apareciendo.
REFORMAS
Arturo Durazo, propuesto por el presidente electo López Obrador como su futuro secretario de Seguridad Pública, precisó que la próxima administración federal no aplicará el perdón y el olvido para todos los casos de privación ilegal de la libertad.
En conferencia de prensa, añadió que se las policías a nivel federal, estatal y municipales serán reforzadas con recursos económicos, materiales y humanos, para enfrentar los crecientes índices de inseguridad pública.
Durazo agregó que el nuevo gobierno, además de implantar programas para erradicar de tajo la corrupción, el mal endémico que genera la impunidad y con ello la inseguridad y la violencia social.
Expuso que serán enviadas a la cámara de diputados, cinco iniciativas para reformar las leyes correspondientes al recién puesto e operaciones Sistema Penal Acusatorio, además de plantear al presidente López la apertura de los archivos de las corporaciones policiales federales e, incluso, de las fuerzas armadas, dependiendo de los tiempos que estas instancias tengan para su publicación,
