México, D.F.-
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá dar a conocer la versión pública del contrato de refinanciamiento y reestructura de deuda pública del gobierno del estado de Nuevo León por un monto de 33 mil 648 millones de pesos.
En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), precisó que el pleno revocó la respuesta del sujeto obligado y le ordenó informar sobre el contrato del fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago, por medio del cual se renegoció dicha deuda, testando datos privados.
La dependencia también deberá proporcionar en versión pública, los oficios remitidos a la Tesorería de la Federación para transferir los recursos federales al mencionado fideicomiso, agregó.
Señaló que un particular solicitó esos documentos y la SHCP reservó la información, argumentando que su difusión causaría un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, por lo que hace a las estrategias legales en procesos judiciales.
Lo anterior, indicó la dependencia, debido a que en este caso se encuentra pendiente de resolver la controversia constitucional 102/2013, en la que el Ejecutivo federal tiene el carácter de tercero interesado y fue promovida por el Congreso de Nuevo León contra el gobierno estatal.
En el análisis del caso, el IFAI, observó que la SHCP no aportó los elementos objetivos para acreditar el daño presente, probable y específico que la difusión de la información podría causar al bien jurídico tutelado que protege la reserva, ni proporcionó el nexo que existe entre la difusión de la información y la acreditación de un daño.
Además de que la reserva procede, cuando la información se encuentre relacionada con las acciones o decisiones implementadas por los sujetos obligados, en los procesos judiciales en los que sean parte.
Sin embargo, en este caso los documentos relacionados con la reestructura de la deuda de Nuevo León fueron emitidos antes de la controversia constitucional, señaló.
El IFAI resolvió que dar a conocer lo solicitado no generaría un daño presente, probable y específicó a las estrategias procesales del Ejecutivo federal.
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