Culiacán, Sin.-
Una adolescente de 17 años, quien denunció haber sido atacada sexualmente en su natal Oaxaca, solicitó la interrupción de su embarazo de 20 semanas, el cual no se le ha practicado por estar en riesgo su vida o la posibilidad de presentar graves complicaciones para su salud.
De acuerdo con el secretario de Salud del estado, Efrén Encinas, el pasado 29 de noviembre la joven, quien estudia en esta ciudad, fue atendida por una infección urinaria en el Hospital General de Culiacán, donde los estudios practicados revelaron su embarazo.
Días después, se informó, la joven solicitó que se le practicara la interrupción del embarazo, por haber sido víctima de una violación cuando fue de vacaciones a su estado de origen. Al no haber denuncia, se dio aviso al Ministerio Público, que se encargó de levantar el acta respectiva.
Encinas Torres explicó que la Norma Mexicana 046 establece protocolos a seguir cuando una paciente es víctima de violación y solicita atención médica en las primeras 120 horas.
Precisó que en estos casos, no es sólo la valoración médica, sino la atención sicológica, la práctica de estudios de Sida u otras enfermedades venéreas, por lo que en este caso es complicado, puesto que tiene 20 semanas de gestación.
No la oyeron. En contraste, la Red de Víctimas de Violencia y Acompañamiento Solidario demandó que, a pesar de que este hecho se apega a la Norma 046 sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, ninguna autoridad interviene para que se interrumpa el embarazo de la joven.
Priscilia Salas, del colectivo No te Metas con Nuestras Hijas, detalló que tras saber de su embarazo, la joven, con auxilio de organismos de género, presentó las denuncias.
Detalló que se intervino, sin ningún resultado, ante el secretario de Salud; se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se enteró al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Detalló que el criterio del área jurídica de la Secretaría de Salud estatal es que, en forma reciente, el Congreso local aprobó una reforma para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, por lo que se tiene que revisar todo el marco legal.
Natalia Reyes, de la Red de Víctimas de Violencia, explicó que las autoridades aducen que en tanto la fiscalía estatal no acredite el delito que se cometió en perjuicio de la adolescente, no se le puede brindar la asistencia médica.
