Cd. de México.-
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) informó que abrió una carpeta de investigación por el homicidio del juez Abelardo Ibarra Torres y la agente del Ministerio Público Érika Granados, ocurrido en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Las dos víctimas trabajaban en los casos de la ciudadana española Pilar Garrido, hallada muerta en marzo de 2017.
La PGJT ofreció una recompensa de hasta dos millones de pesos a quien o quienes proporcionen información exacta, veraz y útil que coadyuve para la localización de él o los responsables del doble homicidio.
Ambos funcionarios fueron rafagueados el pasado lunes, unos 15 minutos después de que habían salido de las instalaciones del Centro Integral de Justicia en Ciudad Victoria.
Caso de la española. Este martes desde las 7:00 horas estaba prevista una audiencia en videoconferencia, desde la Sala B del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y una Fiscalía en España, relacionadas con el caso de Pilar Garrido, misma que tuvo que ser pospuesta para el 9 de enero del 2019.
El 2 de julio de 2017, Pilar Garrido desapareció en una carretera del estado de Tamaulipas. Según la versión del marido, fue secuestrada por dos hombres armados cuando viajan en coche junto con su hijo de un año. Al día siguiente, presentó la denuncia por escrito.
Unos 15 días después, la policía estatal refuerza todas las líneas de investigación para averiguar el paradero de Garrido y despliega seis operativos de búsqueda. A fines de ese mes, la principal línea de investigación se basaba en la versión del marido.
El 26 de julio fueron hallados restos óseos y jirones de ropa y pelo en un paraje cercano al lugar de desaparición de Garrido. Para el 11 de agosto, las pruebas de ADN confirman que la osamenta pertenece a Pilar Garrido. El Ministerio de Exteriores de España confirma también la muerte.
El 29 de agosto fue detenido el esposo de Pilar Garrido, Jorge Fernández, como probable responsable del asesinato por estrangulamiento de la mujer.
Fernández niega haber cometido el crimen pero, un juez le impone dos años de prisión preventiva. La familia de Fernández y de Garrido, defienden su inocencia.
