México, D.F.-
La asambleísta perredista Esthela Damián Peralta y el diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez rechazaron aplicar el denominado “marihuanómetro” en esta ciudad, pues “fortalecería el prohibicionismo e iría contra los principios de la izquierda”.
En entrevista, los legisladores, que promueven la legalización de la marihuana en esta capital, afirmaron que fortalecer el prohibicionismo va contra la tendencia mundial sobre regulación de cannabis y de los principios de la izquierda, “donde creemos en la libertad de las personas”.
Los perredistas consideraron que la propuesta de aplicar ese sistema de control de drogas, que planteó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Eduardo Santillán Pérez, sería viable en caso de que fuera un hecho la regulación de la cannabis en esta ciudad.
Damián Peralta y Belaunzarán Méndez dijeron que a Santillán Pérez se le olvidó mencionar que este mecanismo sólo funciona en los lugares donde está regulada la cannabis, ya sea medicinal o recreativa, como es el caso de Washington, en Estados Unidos.
También calificaron de absurdo que por un lado Santillán Pérez rechace la regulación de la marihuana y al mismo tiempo impulse propuestas de este tipo, y le recomendaron “que no use como ideólogos de cabecera a Richard Nixon, George Bush o Ronald Reagan”.
A su vez, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas Alejandro Madrazo Lajous, quien asesoró a los legisladores en su iniciativa para legalizar la droga, sostuvo que es absurdo instaurar mecanismos de verificación cuando la herramienta legal vigente es penal y no administrativa.
“Antes de pensar en el Torito, debemos tener un régimen de tolerancia que no sea exclusivamente de tipo penal, por lo que propuestas como la del marihuanómetro no tienen sentido si no estamos en un régimen regulatorio”, insistió el especialista.
Madrazo Lajous aseguró que las iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para regular la cannabis en la ciudad de México suman cada vez más voces de apoyo, lo cual es indicativo de que la sociedad civil pide políticas alternativas en materia de drogas.
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