El próximo lunes resolverán la situación jurídica de Rosario Robles Berlanga, a quien le imputan el delito de ejercicio indebido del servicio público que tiene una penalidad de 2 a 7 años, una pena que para la opinión pública resulta muy benévola tomando en consideración que se habla de un quebranto a la Federación de más de 5 mil millones de pesos por medio de la llamada estafa maestra.
Pero una cosa es la imputación y otra la resolución del juez, así que habrá que esperar al lunes, ya que si la vinculan a proceso muy probablemente decretaran procedente que mediante una medida cautelar Rosario Robles afronte el procedimiento en libertad, y para cuando le dicten sentencia este asunto ya habrá perdido impacto político y por ende interés.
Sin embargo, este caso podría tomar un giro con sacudimientos, porque la acusan por un delito en el que incurrió por omisión, es decir, según la Fiscalía General de la República, ella tuvo conocimiento de las desviaciones de recursos y no trató de impedirlo o bien denunciarlo a su superior que era el presidente de México.
Y si en efecto Rosario Robles no ordenó la desviación de 5 mil millones de pesos de la entonces SEDESOL, al advertir lo anterior, una elemental precaución era avisar al superior, pero eso solamente ella lo sabe y cuando lo declare, podría terminar frente al juez Enrique Peña Nieto, para corroborar o negar lo que hubiere manifestado la hoy imputada.
En síntesis: todo indica que la vincularan a proceso pero en libertad, aunque un auto de libertad por falta de datos de prueba impediría siguiera propagándose el fuego y la escandalera se apagaría en 30 días o menos. Es política, son intereses, y el Poder Judicial por muy autónomo que sea, ya denota estar hastiado de la publicidad sobre el forcejeo con el Ejecutivo.
Que tengan todos un buen fín de semana.
