Guadalajara, Jalisco.-
La pesadilla comenzó a hacerse visible el pasado 3 de mayo, cuando en distintos hechos 17 personas fueron rescatadas de tres fincas de la zona metropolitana de Guadalajara, donde permanecían privadas de su libertad y sometidas a tortura; en una de ellas, además, se encontraron los cuerpos de cuatro hombres, desde entonces se han localizado al menos 16 sitios como éstos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Zapotlanejo, El Salto, Lagos de Moreno, Etzatlán y Tapalpa.
Para nombrar estos lugares, las autoridades de Jalisco usan un eufemismo: “casas de seguridad”, pero en realidad son sitios de exterminio donde se tortura, asesina y desaparece a personas.
Según datos de la fiscalía estatal, en lo que va de la presente administración –iniciada el 6 de diciembre de 2018– se han localizado 27 fosas clandestinas de las que se han rescatado 123 cuerpos; 64 de ellos estaban en 11 fosas cavadas en patios o habitaciones de casas, de donde también se recuperaron 24 restos humanos.
Además, hasta el pasado mes de junio, la fiscalía reportó que se logró liberar a 33 personas que estaban privadas de su libertad en 16 fincas.
Aunque el vocero de esta dependencia, Ricardo Franco, asegura que se ha logrado dar con estos sitios gracias a las labores de inteligencia de la fiscalía, en muchas ocasiones se ha reportado que el hallazgo ocurre después de que una o varias de las personas retenidas en estas casas logran escapar para pedir ayuda.
El 12 de agosto pasado “H” llamó a la escuela de su hija para preguntar sobre un tema administrativo, la primera respuesta que recibió cuando alguien contestó el teléfono fue: “Aquí no pasó nada, todos estamos bien”; y es que minutos antes, a pocos metros de la escuela, se escucharon algunos tiros y la policía del estado aseguró una casa en la que había cinco personas muertas, además se rescató a otras cinco que fueron torturadas severamente, una de ellas murió después mientras recibía atención médica.
“Los encontraron porque uno pudo escapar y llegó al tianguis que está cerca para pedir ayuda; en la colonia nadie habla de eso, incluso hay un chat de vecinos para abordar temas de seguridad y de ese caso nadie comenta nada”, recordó “H”.
Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), asegura que estas fincas no son detectadas por el trabajo de inteligencia de la fiscalía, sino por llamadas anónimas que llegan a los colectivos de familias que buscan.
“Ni crean que son inteligentes en la fiscalía estatal ni tienen un grupo de investigaciones; conocen la ubicación de las casas de seguridad donde han encontrado cuerpos y bolsas por llamadas anónimas que les llegan a los colectivos”, dijo.
Aseguró que al menos eso ocurrió en el caso de una finca localizada en julio pasado en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, donde policías federales que patrullaban la zona supuestamente detectaron a un sujeto sospechoso que al verlos ingresó a la finca y escapó por la azotea; ahí se liberó a tres hombres que permanecían privados de su libertad y se localizaron 12 cuerpos y 11 bolsas con restos humanos, de acuerdo con información de la fiscalía.
Aguilar señaló que situaciones como esta hacen más difícil la búsqueda de los colectivos, porque a diferencia de lo que ocurre en otros sitios del país donde se organizan brigadas para tratar de localizar fosas en campo abierto, aquí no se puede buscar así dentro de las casas.
LA NARRATIVA OFICIAL
Autoridades estatales y municipales señalan que estos lugares son resultado de una guerra entre bandas criminales que disputan el control de la venta y producción de drogas. Diferentes funcionarios, incluido el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseguran que la mayoría de las personas encontradas en estos lugares tienen antecedentes penales, lo que para diversas organizaciones y activistas es una forma de criminalizar a las víctimas y minimizar el problema.
“Se ha advertido desde hace varios meses que al haber una escisión en los grupos delictivos, el que invita a quienes se dedican a la venta de droga lo hace de esta forma, a concentrarse en una casa, a identificar con qué grupo seguirán trabajando y esas son las consecuencias”, señaló en mayo pasado el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, intentando explicar lo que ocurría.
Pero esta narrativa viene desde la administración anterior, cuando en abril de 2018, tras la desaparición de tres estudiantes de cine, las autoridades estatales atribuyeron el hecho a que los jóvenes fueron confundidos por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación con integrantes de una organización rival llamada Nueva Plaza.
Durante un mes se ha solicitado una entrevista con la Fiscalía de Jalisco para abordar este tema, pero las autoridades se han negado en reiteradas ocasiones.
A través de solicitudes de transparencia en las que se pidió precisar si en sus declaraciones algunas de las personas rescatadas refirieron haber sido torturadas para obligarlas a trabajar para un grupo delictivo, la dependencia señaló que no contaba con esa información.
LA CRISIS FORENSE
En la colonia El Campanario, en Zapopan, conviven modestas casas habitación con enormes predios ocupados por viveros, empresas, salones de eventos o fincas campestres, es en una de estas últimas donde se ha localizado el mayor número de cuerpos inhumados clandestinamente dentro de una vivienda.
El 7 de mayo pasado en ella se encontraron siete fosas de las que se rescataron 25 cuerpos y varios restos humanos; este hallazgo, junto con las 138 bolsas con restos humanos –de las que hasta ahora se han recuperado 29 cuerpos– localizadas el 3 de septiembre en Zapopan, son las inhumaciones clandestinas más grandes localizadas hasta ahora en la zona metropolitana de Guadalajara.
Colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, organizaciones civiles y la Universidad de Guadalajara han advertido de una nueva crisis forense en la entidad, pues consideran que la cantidad de cuerpos localizados en lo que va de este año sobrepasa la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para procesar de manera adecuada y digna cada caso.
A pesar de estos señalamientos, en días pasados el gobernador del estado, Enrique Alfaro, visitó de manera sorpresiva, pero sin prensa, las instalaciones del IJCF y publicó en sus redes sociales que la dependencia trabaja a marchas forzadas, pero de forma adecuada; además minimizó los señalamientos de los colectivos y organizaciones, y consideró que detrás de ellos hay “intereses que están queriendo generar zozobra y preocupación”.
