Cd. Victoria, Tam.-
En rueda de prensa la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) presentó esta noche nuevos avances en la investigación acerca del atentado que sufrieron 19 personas encontradas calcinadas en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el pasado 23 de enero.
De acuerdo con las averiguaciones se ha podido establecer que entre las víctimas se encuentran migrantes de nacionalidad guatemalteca, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por un equipo de especialidades forenses, apoyados por personal de la Comisión Nacional de Búsquedas del gobierno federal.
Se informó que se ha podido saber la identidad de cuatro personas con base a su perfil genético. Una de ellas es Jesús “N”, mexicano, quien reclamó una de las camionetas involucradas que había sido confiscada por el Instituto Nacional de Migración (INM) el mes de diciembre en un operativo en el que fueron asegurados 66 extranjeros en el municipio de Escobedo, Nuevo León.
El segundo de los identificados es Daniel Pérez, también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, que se dedicaba al tráfico de indocumentados.
El tercero y cuarto respectivamente, Élfego Roliberto Miranda Díaz (profesor y director de una misión evangélica) y Marvin Alberto Tomás (futbolista profesional y ex jugador del Juventud Comiteca). Las autoridades dijeron que en los próximos días se dará a conocer la identidad del resto de los fallecidos.
Asimismo, se confirmó que en los hechos violentos participaron más vehículos y 12 elementos de la Policía Estatal Tamaulipas, por lo que por parte de un juez de control se giró una orden de aprehensión en su contra al comprobarse que hubo “homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes”, por lo que en las próximas horas serán puestos a disposición de la autoridad judicial.
“Cobra fuerza la teoría de la alteración en la escena del crimen y por las contradicciones en los reportes de los elementos policiacos que dieron conocimiento de los mismos”, afirmó la Fiscalía.
Estos datos obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenidos por autorización de jueces federales como son los registros de llamadas telefónicas, análisis de geolocalización, dictámenes especializados e imágenes de videovigilancia.
