Ciudad de México.-
La diputada federal panista por Nuevo León, Annia Sarahí Gómez Cárdenas presentó una iniciativa de Reforma al Código Penal Federal que castigaría hasta cuatro años de cárcel, la destitución e inhabilitación de hasta nueve años para desempeñar un cargo público, al funcionario público que abusando de su autoridad “acceda de forma ilegal y ventajosa a las vacunas contra el Covid-19”.
Esta sanción también se aplicaría si el funcionario buscara el beneficio para alguno de sus familiares o de cualquier tercero.
“Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, obtenga para beneficio propio, de un familiar o de cualquier tercero, acceso con prioridad y ventaja de cualquier atención médica, vacuna o insumo médico”, establece la propuesta de modificación del inciso XVII del artículo 215 del Código Penal Federal.
“Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción XVII, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones señaladas en el párrafo anterior se duplicarán cuando la conducta se realice en el periodo de emergencia sanitaria”, define la propuesta de la panista.
Esta iniciativa de reforma se da luego de la serie de revelaciones de funcionarios públicos que han usado sus influencias para vacunarse ya sea ellos o sus familias.
“Hemos sido testigos en los últimos meses de funcionarios públicos que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso a la vacuna.
“Por estas razones, considero que es necesario reformar el Código Penal Federal para que se castigue a los funcionarios públicos que en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública, para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos.
“Existen millones de mexicanos que necesitan con urgencia ser inmunizados ante la pandemia del Covid-19. Ante la escasez de este fármaco, inevitablemente surgirán incentivos por romper las normas y tratar de acceder a él de forma ventajosa e ilegal. Por esta razón, es necesario reformar el marco legal actual para evitar que esto suceda y la vacuna llegue primero a los mexicanos que más lo necesitan”, indicó.
