Cd. Juárez, Chih. / Septiembre 17.-
El gobernador de Chihuahua y el alcalde de Ciudad Juárez marcaron distancia y justificaron el asesinato colectivo de 10 personas en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, al reducir el hecho a un incidente más en la guerra entre bandas rivales de narcotraficantes.
El mandatario estatal, José Reyes Baeza Terrazas, aseguró sobre la masacre en el centro Anexo de Vida que “no es una casualidad, hay una motivación: todo se da en la guerra entre diferentes criminales. Hay personas adictas en los centros que pertenecen a uno u otro grupo”.
En forma coincidente, el alcalde José Reyes Ferriz dijo que el multiasesinato de adictos y otras 10 ejecuciones registradas en las últimas horas son atribuibles a los enfrentamientos que sostienen grupos rivales de narcotraficantes que se disputan el control de la plaza.
Sin embargo, para Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador en Ciudad Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la postura que asumen los gobiernos estatal y municipal respecto a la masacre es cuestionable, “porque no se trata de decir que los muertos tienen la culpa por estarse vinculando al crimen organizado”.
Tajante, subrayó que el papel de la autoridad no es discriminar entre buenos muertos y malos muertos ya que hacerlo revela un “profundo desprecio” por quienes han caído en la drogadicción.
Recordó que en su oportunidad Arturo Chávez Chávez, cuando estuvo en la Procuraduría estatal, dijo que “los culpables de perder la vida son las víctimas”.
En tanto, la procuradora estatal de Justicia, Patricia González Rodríguez, y el subprocurador en la zona norte, Alejandro Pariente Núñez, informaron que en el centro murieron 10 personas, una de ellas mujer, y dos individuos más resultaron heridos.
La funcionaria detalló que no todas las víctimas tienen relación con grupos criminales, aunque se ha encontrado que sí tenían antecedentes penales.
Por su parte, Óscar Villalobos Chávez, secretario de Fomento Social, dijo que se intensificó la revisión de los centros de rehabilitación para adictos, porque no todos cumplen con la norma para operar. De los 62 lugares que hay en la ciudad, se han verificado 32 y cerrado nueve por no garantizar protocolos mínimos de seguridad y una atención profesional.
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