Cuernavaca, Mor.-
En contraste con la “alerta de género” que exigen organizaciones civiles para detener los crímenes violentos de mujeres, el gobernador, Graco Ramírez, y la presidenta del DIF Morelos, Elena Cepeda, iniciaron la campaña “En noviembre, Morelos es naranja”.
El programa incluye medidas emergentes para involucrar a los hombres en la prevención de la violencia contra las mujeres, pero además un sistema de “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres” mediante la “condena enérgica cuando se presente un caso de este tipo, sanciones a las autoridades que sean omisas en casos de violencia hacia la mujer y cero impunidad en agresiones a mujeres”, declaró el gobernador.
La medida fue reconocida por Ixtlol Cielo Preciado, representante del Comité Contra el Feminicidio en el Estado de Morelos (Cocofem), al considerar que cualquier avance es importante, pero precisó que mientras no haya detenidos y no se castigue a los autores de los crímenes violentos y de odio contra las mujeres, el mensaje sigue siendo de impunidad.
“Mira, el gobierno anuncia esta campaña obligada por el Instituto Nacional de la Mujer o por gusto, como sea, lo más importante es que debemos ver los resultados porque la tendencia es a que los asesinatos crecen”, dijo la activista.
Enumeró que en 2011 la organización defensora de las mujeres contabilizó 46 feminicidios, para 2012 fueron 51 y para 2013 se contabilizan 37.
La disposición oficial surgió a 48 horas de que la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) exigió emitir la “alerta de género”, aunque en semanas anteriores el Instituto Nacional de la Mujer consideró inviable la proclama y en cambio exhortó al gobierno morelense a realizar una serie de programas para reducir los márgenes de omisión de las autoridades de procuración de justicia en el tratamiento de las carpetas de investigación por homicidios de mujeres. También lo exhortó a difundir medidas de prevención.
En ese contexto, el miércoles se publicó en el periódico oficial Tierra y Libertad, el decreto para la aplicación de medidas emergentes para erradicar la violencia contra la mujer.
Es así que el gobernador anunció la creación de una mesa interinstitucional donde participen organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos que den seguimiento a los casos de feminicidios y vigilen el desempeño de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEM).
Se anunció asimismo la aplicación de todo el peso de la ley a quien incurra en omisiones en los casos donde se deba aplicar la ley contra los generadores de la violencia. Especialmente se aplicará la justicia a todo servidor público “misógino” o “misógina”, afirmó.
El decreto establece que se creará un protocolo para que la Procuraduría estatal sepa actuar en la atención de casos de niñas y mujeres en situación de violencia, desaparecidas o ausentes, así como los feminicidios.
Además, se creará una base de datos con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, la información se publicará en una página de internet para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella.
También se anunció la creación de una base de datos con la genética de mujeres y niñas desaparecidas.
