México, D.F.-
Representantes de tribunales electorales estatales advirtieron en el Senado que es inoperante centralizar en una sola instancia nacional la impartición de justicia en la competencia por cargos públicos. Se generaría un colapso institucional, plantearon.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigió la audiencia con magistrados electorales, e informó que las reflexiones de los magistrados unificados en contra de la reforma del Partido Acción Nacional (PAN) que propone un esquema central, serán analizadas en el proceso del dictamen próximo.
Magistrados expusieron a los senadores de los riegos de centralizar la impartición de justicia en miles de procesos electorales de síndicos y regidores, que se presentan cada día. Es un error creer que los tribunales sólo resuelven casos cada tres años, y se generaría una congestión de asuntos locales en una instancia nacional.
José Miguel Salcido Romero, magistrado electoral de Chihuahua, advirtió que una sola instancia de justicia no podría resolver a tiempo los recursos de impugnación que suelen presentarse en las miles de elecciones locales.
Alejandro Delint García, del Tribunal Electoral de Distrito Federal, calificó como falsa la argumentación de que los gobernadores tienen injerencia en los órganos de justicia electorales, y describió la compleja estructura a la que pertenecen los tribunales que se plantea extinguir, lo cual genera un conflicto de poderes de la Unión.
Hertino Avilés Albavera, defendió la cercanía en la impartición de justicia, calidad que desaparecería al centralizar esta autoridad que al resolver debe saber transmitir a los actores de una impugnación, los argumentos en los que se fundamenta la justicia electoral.
Además, si se centralizara la justicia electoral, el actual TEPJF que tiene un presupuesto de dos mil millones de pesos, tendría que aumentarlo 298%, contra los 750 millones de pesos que suman la red completa en los estados.
Claudia Barbosa, de Puebla, dijo que un Código de Ética Judicial Electoral debe eliminar toda percepción de que haya injerencia de los gobernadores y los partidos políticos, al incluir el principio de neutralidad que sus colegas magistrados ejercen para dignificar sus puestos.
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