Dallas, Texas / Octubre 10.-
El presidente de una empresa distribuidora de combustibles y un agente importador se declararon culpables en una corte federal de Houston de participar en la venta de derivados de crudo robados en México a la paraestatal Pemex, informaron fuentes judiciales.
Los casos marcan la tercera y cuarta acusación dada a conocer por las autoridades estadunidenses, en un ilícito que involucra el robo de derivados de petróleo por varios millones de dólares en perjuicio de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas informó este viernes que Stephen Pechenik, presidente de la compañía Valley Fuels Ltd, aceptó su responsabilidad en el robo y contrabando de productos de petróleo.
Pechenik, de 78 años de edad, admitió haber recibido y coordinado el movimiento de productos robados, con lo que pasó a convertirse en el tercer presidente de una firma de manejo de combustibles del sur de Texas en aceptar su responsabilidad en el caso.
La fuente precisó en un comunicado que un cuarto involucrado, Jonathan Dappen, se había declarado también culpable del mismo delito el pasado viernes.
Dappen, de 29 años, reconoció su papel como agente intermediario entre compañías mexicanas y estadunidenses para el traslado del combustible robado.
El juez federal Ewing Werlein aceptó las declaraciones de culpabilidad de ambos y fijó las fechas de sus sentencias para enero próximo.
El pasado 25 de septiembre se había declarado culpable de participar en el robo de combustible, Arnoldo Maldonado, presidente de la compañía “Y Oil and Gas” con sede en Edinburg, Texas.
Antes, el pasado 29 de mayo, Donald Schroeder, ex presidente de la compañía Trammo Petroleum, fue el primero en ser acusado y declararse culpable de comprar en forma consciente condensado de petróleo robado para su reventa.
Schroeder, quien acordó luego pagar una multa de dos millones de dólares, será sentenciado el próximo 18 de diciembre.
La Oficina del Procurador precisó que los cuatro involucrados en el caso hasta ahora enfrentan una sentencia de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.
La investigación se inició en el 2007 luego de que las autoridades mexicanas notificaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) que parte del petróleo robado era conducido a Texas.
Las autoridades mexicanas aportaron a sus contrapartes estadunidenses una serie de nombres de personas y compañías sospechosas de revender el combustible robado.
De acuerdo con las autoridades estadunidenses, las compañías importadoras recibían y coordinaban el movimiento de camiones tanques cargados con petróleo robado de México hacia Estados Unidos, a través de uno de los cruces internacionales de la frontera sur de Texas.
Luego, las compañías dirigían los camiones a descargar el petróleo en lugares ubicados dentro del Puerto de Brownsville, para recibir después su pago a través de giros a varias cuentas bancarias, en una confabulación por varios millones de dólares en petróleo robado.
La investigación, encabezada en Estados Unidos por la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) en coordinación con México, siguió el rastro a partir de quienes recibían el petróleo robado, para dar con algunos intermediarios, que a su vez comercializaban el combustible a varias compañías estadunidenses.
Dappen, por ejemplo, arregló varias transacciones entre compañías mexicanas y estadunidenses.
Dos de las compañías identificadas hasta ahora como receptoras del petróleo robado son Y Oil and Gas de Maldonado y Valley Fuels de Pechenik.
Dichas compañías pagaban a los importadores del petróleo robado y almacenaban el producto hasta acumular una cantidad suficiente como para cargar una barcaza.
Conforme el petróleo era trasladado hacia el interior de territorio estadunidense, otros individuos se involucraban en el ilícito, como Schroeder, el presidente de Trammo Petroleum, de Houston.
Como parte de la investigación vigente, las autoridades estadunidenses han solicitado legalmente la entrega de archivos de varias compañías petroleras más grandes, como la estadunidense Murphy Energy y la alemana BASF.
En agosto pasado, las autoridades estadunidenses entregaron al gobierno de México un cheque por 2.4 millones de dólares, recursos obtenidos de la multa a Shroeder y de otros bienes de las compañías que lucraron con el petróleo sustraído a Pemex.
