Transparencia en México y la India

México, D.F.-
Hoy en día, 93 países cuentan con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información y México y la India ocupan los primeros lugares en la clasificación que mide la fortaleza de dichas leyes, según el índice elaborado por el Centre for Law and Democracy de Canadá (1). Es por ello que, en el contexto de la reforma constitucional en transparencia que está por aprobarse en el Senado de la República, el IFAI decidió dedicar su 10ª. Semana Nacional de Transparencia a hacer una reflexión comparada de las experiencias en la materia de estos dos países que comparten circunstancias y problemáticas sociales comunes, a pesar de las enormes diferencias culturales, políticas e históricas que los distinguen.

México y la India han transitado por caminos similares en la construcción del derecho de acceso a la información para convertirlo en un derecho fundamental y en una auténtica herramienta en manos de la población para ampliar su conocimiento sobre las decisiones que toma el gobierno y la forma en que éstas la benefician o perjudican. En ambos casos, sus leyes de acceso a la información fueron producto de una fuerte y decidida movilización de organizaciones de la sociedad civil que buscaban hacer de la información un factor de inclusión social, de democratización y de reducción de las grandes divisiones sociales existentes.

En India, reconocidos activistas que trabajaban a favor de los grupos marginados, como Aruna Roy, Shekhar Singh, o Shailesh Gandhi, promovieron el acceso a la información para convertirlo en un derecho fundamental y construir gobiernos más participativos, que rindan cuentas y para combatir la corrupción. En México, en 2001, en el marco de la recién lograda alternancia en el poder federal, reconocidos periodistas, miembros de organizaciones sociales y académicos, reunidos en el Grupo Oaxaca, formularon un decálogo de principios que derivó en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sus objetivos eran muy similares a los de India: avanzar en la democratización del país, pasar de gobiernos elegidos democráticamente a gobiernos con desempeño abierto al escrutinio público y fomentar el combate a la corrupción.

Ambos países tienen una estructura de gobierno federalista, por lo que existen leyes federales y estatales y órganos garantes de la transparencia en los dos niveles de gobierno y esta circunstancia ha hecho que exista una diversidad de procedimientos y prácticas en el ejercicio de este derecho fundamental. Los dos países han experimentado, también, intentos de regresión en las normas de transparencia por parte de los gobiernos: en México, para quitarle la definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones al IFAI, e impedir que el acceso a la información sea expedito y en India, para limitar la deliberación de los órganos garantes, imponiendo que los comisionados sean todos abogados, por ejemplo.

La centralidad que ha cobrado el tema del acceso a la información en ambos países explica que hoy compartan, por ejemplo, la discusión sobre los partidos políticos como sujetos obligados de transparencia. En México, los partidos han sido sujetos obligados de transparencia desde 2007, pero de manera indirecta, es decir, a través del Instituto Federal Electoral (IFE) que es el órgano que los regula y vigila. Sin embargo, esa situación ha diluido la responsabilidad de los partidos frente a la sociedad, porque las solicitudes de información se hacen directamente al IFE y no a los institutos políticos y también, porque al ser un órgano federal, sólo puede vigilar el cumplimiento de las normas de transparencia en ese ámbito y existe un reclamo generalizado por hacer responsables a los partidos nacionales que son, de acuerdo con la Constitución, entidades de interés público.

Otro debate que se está dando en ambas naciones es el relativo al secreto fiscal que es un tema tradicionalmente alejado del escrutinio público, pero que hoy en día empieza a discutirse en distintas latitudes en razón de la conveniencia de analizar en qué circunstancias debería desclasificarse la información sobre los impuestos que pagan los contribuyentes. En México, este tema ha suscitado fuertes controversias, sobre todo en el terreno de las cancelaciones o condonaciones de los créditos fiscales, lo que supone que el Estado deje de recabar impuestos de personas, e incluso de entidades públicas como estados y municipios. Lo que ha sucedido es que la autoridad recaudadora declara una suerte de amnistía por motivos prácticos de capacidad de cobro, pero la sociedad no puede conocer a quiénes y por qué montos se les “perdonaron” los impuestos, porque es información protegida por el secreto fiscal, amparado por una total oscuridad legal.

El IFAI ha emitido resoluciones, invocando el interés público de abrir la información de los impuestos no cobrados, porque se trata de recursos que al no recibirlos el Estado, se traducen en auténticos gastos fiscales, justo al revés. La buena noticia es que se ha anunciado que como parte de la reforma hacendaria, se reformará el Código Fiscal de la Federación para difundir los nombres de quienes tienen deudas fiscales, a manera de rendir cuentas sobre las tareas de los órganos recaudadores y también para inhibir el incumplimiento de las obligaciones fiscales de personas y de empresas.

La 10ª. Semana de Transparencia del IFAI que se realizará del 2 al 4 de octubre va a permitir debatir sobre los alcances y las consecuencias de la reforma constitucional en puerta, pero además, la discusión se hará poniendo como referente a India que es un país reconocido como ejemplar en el campo del acceso a la información pública. Este ejercicio comparado nos permitirá elevar los niveles de exigencia en el análisis de nuestros avances y retos en transparencia. Una gran oportunidad que debemos de aprovechar al máximo.

(1) En el índice de fortaleza de las leyes de acceso a la información de 2011, India ocupa el segundo lugar y México el sexto. Véase, www.law-democracy.org.

* La autora es Comisionada del IFAI