México, D.F.-
Un juzgado federal negó en definitiva dos amparos que solicitó la defensa del ex gobernador Andrés Granier Melo. Uno de ellos es en contra del arraigo y otro por la petición de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco de que sea presentado y cumpla con el citatorio que le giraron las autoridades ministeriales locales, en torno a la investigación que se le sigue por el presunto desvío de casi dos mil millones de pesos del erario público durante su gestión.
Esta resolución abre la posibilidad jurídica de que el ex gobernador tabasqueño sea traslado a la entidad, donde quedaría a disposición del Juzgado Cuarto de Distrito, que el 22 de junio pasado libró las dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por los que ahora está sujeto a procesos penales.
El amparo 581/2013 fue presentado el 14 de junio pasado por la defensa de Granier ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en contra de la orden de presentación y citatorio que le giró la Procuraduría de Justicia de Tabasco, para que compareciera en calidad de indiciado por delitos como peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Sin embargo el juzgador resolvió hoy que no le concedía la protección de la justicia federal, se indica en las listas de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.
Respecto al amparo 580/2013 que promovió el abogado Eduardo Luengo Creel en contra del arraigo por 30 días decretado por un juez de Tabasco, el mismo juzgado de amparo resolvió: “se niega la suspensión definitiva”.
Existió un tercer amparo, el 611/2013 en el mismo Juzgado Décimo Primero de Distrito, que se presentó el 21 de junio pasado, en contra de las órdenes de aprehensión que se le pudieran librar, el cual quedó sobreseído ya que éstas fueron cumplimentadas por delitos considerados graves.
Con estos fallos el traslado de Granier Melo a Tabasco sólo depende de su condición de salud, que corresponderá evaluar a las autoridades médicas penitenciarias del Distrito Federal.
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