México, D.F./Dic. 3
El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) condenó cualquier acto de corrupción en la capacitación y calificación del personal técnico aeronáutico que estuvo involucrado en el accidente aéreo del pasado 4 de noviembre, en que murieron Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos, entre otros funcionarios federales.
“Si la hubo (corrupción), se deberá actuar hasta sus últimas consecuencias, sin embargo, la investigación dista de su conclusión, por lo que cualquier juicio anticipado podría ser contraproducente”, manifestó el CPAM a través de un comunicado.
El 21 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, informó que como parte de las investigaciones sobre el accidente se encontraron indicios de irregularidades “que podrían constituir responsabilidades por parte de la empresa contratada, así como del centro de capacitación aeronáutico vinculado con los trámites de licencias”.
Derivado de ello, pudieran sentarse responsabilidades de servidores públicos de la Comandancia del Aeropuerto de Toluca, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
A la empresa que ganó la licitación para dar servicios de mantenimiento al avión modelo Learjet 45 de la Secretaría de Gobernación, además de pilotos, sobrecargo, despacho, limpieza y comisariato, no se le solicitó la licencia de operación del taller de mantenimiento, y tampoco se le pidió un número de horas de vuelo específicas para los pilotos.
Por otro lado, la transcripción de la grabación de voz de la cabina del avión desplomado en esta ciudad mostró “la falta de familiaridad de la tripulación con los instrumentos en cabina”.
Al principio, las autoridades contaban con documentos que parecían comprobar las licencias y certificados de capacidad de los pilotos, sin embargo, la investigación reveló que “en uno de los casos, la revalidación de la licencia se obtuvo mediante procedimientos presuntamente irregulares, realizados por un centro de capacitación aeronáutico en el Aeropuerto de Toluca y que podrían haber sido avalados por algún servidor público adscrito a la Comandancia que en ese momento se encontraba a cargo del mismo Aeropuerto”.
Las irregularidades consisten en simulación de cumplimiento de horas de vuelo, carencia de autorización de un instructor calificado y omisiones de supervisión, entre otros.
Sobre ello, el CPAM manifestó su preocupación por la falta de recursos de la Dirección General de Aeronáutica Civil para el cumplimiento de sus deberes.
“Es necesario fortalecerla, proporcionándole los medios materiales y humanos necesarios para que su papel de autoridad y su desempeño se vea mejorado en beneficio de la industria aeronáutica nacional”, detalló.
El Colegio, que forma parte del grupo que realiza la investigación sobre el percance aéreo, explicó que el objetivo del análisis de un accidente es la prevención, no encontrar culpables o responsables, y que de todo accidente surgen recomendaciones para evitar que las causas que lo provocaron vuelva a ocurrir.
Aunado, pidió cordura y esperar la resolución sobre las causas probables del accidente, evitando especulaciones.
El CPAM rechazó y condenó los juicios emitidos anticipadamente por “órganos no competentes en materia aeronáutica”.
Por otro lado, solicitó la creación de una entidad autónoma e independiente, encargada de la investigación de accidentes aéreos con capacidad de emitir recomendaciones a la autoridad aeronáutica en todo lo relativo a la seguridad aérea.
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