Cd. de México.-
Convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el árbitro del mercado, como lo propone la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, comprando toda la electricidad generada en el país, incluyendo aquella que no está actualmente controlada por la empresa estatal, representaría un retroceso de 30 años en la evolución del sistema eléctrico mexicano, afectando gravemente la inversión, las señales de precio y la confiabilidad del abasto.
La solución a las distorsiones del mercado que pretende la reforma, enfatizó Luis Miguel Labardini Deveaux, socio en Marcos y Asociados Consultoría Energética, “no pasa por la destrucción de un sistema que México como nación ha venido construyendo en las últimas tres décadas”.
El especialista explicó que, en materia de inversión, la incertidumbre provocada por la falta de un regulador y de reglas eficientes de despacho dispararía hacia arriba el riesgo de las inversiones en el sector, y “haría inviable la inversión privada en nuevas centrales privadas”.
En un análisis sobre la propuesta de reforma eléctrica, el especialista considera que existen reclamos puntuales de esta administración respecto del funcionamiento del mercado: los incentivos fiscales a las fuentes renovables, el abuso de la figura de “autoabastecimiento” y los contratos que CFE y SENER han sido calificados de “leoninos”.
Pero sin duda, explico, los generadores privados también tienen su propia lista de agravios, que incluyen las altas penalidades, y la suspensión, en la práctica, de la reforma misma. “Estos, y otros conflictos pueden ser el reflejo de distorsiones en el mercado, y deben ser resueltos en el marco de la regulación, y no a través de un cambio constitucional”.
Dijo que el Estado puede y debe ejercer su rectoría mediante la regulación del mercado, pero “intentar ejercer la rectoría del Estado mediante la propiedad directa y monopólica de los activos de producción ha resultado históricamente politizada, ineficiente e insuficiente”.
Por ello, considero que la existencia de un órgano regulador autónomo -como la Comisión Reguladora de Energía (CRE)- es indispensable para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, la seguridad energética y el eficiente funcionamiento del mercado. El mercado es el mecanismo mediante el cual se construyen las señales de costos y precios, que en la industria eléctrica son muchos y muy complejos, por lo que es importante entender al mercado como un instrumento del Estado para el logro de sus fines.
Recordó que el proceso de creación de un nuevo sistema de energía eléctrica culmina con la llamada Reforma Energética de 2013, la cual derivó en un primer intento para construir un verdadero mercado eléctrico, en el cual la transmisión, distribución y el servicio básico siguen siendo monopolio del Estado, mientras que la generación, suministro y comercialización están abiertos a la competencia.
Es por eso que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) despacha la energía generada partiendo del precio más bajo, lo que coloca a todas las antiguas terminales termoeléctricas de CFE que utilizan combustóleo y carbón en condiciones de desventaja, porque efectivamente generan la energía más cara (alrededor de 2 mil pesos por megawatts-hora (MWh).
Incluso las centrales de ciclo combinado de CFE, que utilizan gas natural, han perdido competitividad en los últimos años (alrededor de mil 400 pesos/MWh), cuando el precio marginal (el precio del último Megawatt ingresado al sistema, que es el precio efectivo para todos los generadores) no rebasa los 900 pesos/MWh la mayor parte del día.
Esto quiere decir, detalló el socio en Marcos y Asociados Consultoría Energética, que una buena parte de las centrales de CFE (65 GW/h) solamente pueden generar para el sistema durante dos o tres horas diarias, lo que ya se está reflejando en las finanzas de CFE, puesto que, aunque los segmentos de transmisión, distribución y servicio básico tienen resultados positivos, la utilidad de la empresa fue negativa en 86 mil millones de pesos en 2020, y de 37 mil millones de pesos, solamente en el primer trimestre de 2021, los que significa que las finanzas de la empresa estatal “se están deteriorando aceleradamente”.
Indicó que, con el objeto de tener un debate productivo sobre el tema, es necesario que la discusión considere el interés fundamental de los consumidores, y no solo una muy limitada negociación en corto entre SENER y los generadores privados.
En este contexto, Labardini Deveaux puntualizó que el Estado no puede eludir la grave responsabilidad que tiene en la planeación, diseño y transformación del mejor sistema eléctrico posible para la eficiencia energética, la competitividad económica y el bienestar de todos los mexicanos.
