Cd. de México.-
Este lunes 16 exmandos del sistema penitenciario federal comparecen ante un juez de control federal para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que costaron más de 200 mil millones de pesos al erario.
Aunque la diligencia estaba programada para las 10:00 horas, inició con retraso debido a diversos problemas técnicos con la conexión, pues todos los asistentes comparecieron de manera virtual debido a que en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur se han registrado contagios de Covid-19.
Originalmente fueron citados 19 exmandos penitenciarios, sin embargo sólo comparecieron 16 debido a que Jannet Míriam Martínez Sánchez tiene Covid-19, al igual que los representantes legales de Gonzalo Villarreal.
Además, Javier Haro de Alva, exdirector del Órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue declarado en estado de interdicción, situación que fue expuesta ante el juez de control debido a que esta condición impide sujetarlo a proceso penal.
En esta ocasión, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz no fue citado por el juez, aunque forma parte de los investigados por la FGR, debido a que desde hace seis meses no ha sido posible localizarlo.
La FGR busca imputar a los 16 comparecientes, entre los que se encuentra Celina Oseguera, ex coordinadora nacional de los Ceferesos, por ejercicio indebido de atribuciones y facultades. De los 20 investigados, a cuatro busca imputarles asociación delictuosa porque son quienes firmaron directamente los contratos que la Fiscalía alega se adjudicaron de manera irregular.
El caso derivó de la investigación en la que en el año 2021, otro juez federal en el Centro de Justicia del Altiplano, Estado de México, ordenó aprehender a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, por la firma de ocho contratos por 270 mil millones de pesos en los penales federales por adjudicación directa.
Los exfuncionarios están señalados por el pago a sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción de los penales federales de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
Debido al número de comparecientes, se prevé que la audiencia se extienda por varias horas.
