Cd. de México.-
Los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido “el periodo más violento contra la prensa de que se tenga registro”, advirtió hoy Artículo 19, al presentar su informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México.
Durante el evento, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su “solidaridad” con la situación que vive el periodismo en México, y lamentó la “paciencia”, la “tardanza” de las autoridades para responder a un tema tan urgente como es la violencia en contra de los periodistas.
En tres años, Artículo 19 ha documentado mil 945 ataques a la prensa por parte del presidente, incluyendo 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. En la presentación del informe, titulado “Negación”, Paula Salcedo, del Programa de Protección y Defensa en Artículo 19, advirtió que el informe “da cuenta de cómo en los tres años de este gobierno se ha agudizado la crisis de derechos humanos”.
Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, los ataques a los periodistas aumentaron 85% y los asesinatos de miembros del gremio se duplicaron, en comparación con los primeros tres años del gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Con este último, se registraron en el mismo lapso de tres años mil 53 agresiones a la prensa.
“En 2021 se consolidó la tendencia a negar problemáticas de derechos humanos. Esto impacta de manera negativa a la libertad de expresión (…) Así, este gobierno acumula 33 asesinatos de periodistas”, señaló Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, quien criticó que el presidente López Obrador niega que exista en la violencia contra la prensa responsabilidad del Estado, o que haya una violación sistemática a los derechos humanos.
Saucedo alertó que las cifras presentadas superan las que se registraron también en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y recordó que en su momento, esos periodos fueron considerados como los más violentos para los periodistas en México.
Sólo en 2021 se registraron 644 agresiones contra la prensa. Una cada 14 horas. En lo que va de 2022, ocho periodistas han sido asesinados en el país.
Durante la presentación, Vaca, quien participó de manera virtual, subrayó que, como ya había señalado en una columna en 2017, “la violencia contra la prensa en México es una tragedia sostenida y por lo tanto, normalizada”. Recordó que “sin democracia no hay garantías para el periodismo y sin periodismo libre la democracia es frágil”.
Sin embargo, lamentó que en países como México, donde hay “reiteración de la violencia letal contra la prensa”, suele haber también impunidad y “se termina animando a la repetición de más violencias” y las historias, los reportajes de los periodistas víctimas de esa violencia terminan perdiéndose.
La pregunta fundamental, indicó, sigue sin respuesta clara. “¿Cómo detener esa barbarie?”. Vaca se declaró sorprendido de que “las respuestas a esa pregunta sean tan difusas, tan postergadas, tan evasivas de la responsabilidad en la búsqueda de soluciones. Percibo en el último tiempo que la reacción institucional, por muchos años, parece estar resignándose a ver la violencia contra la prensa no como un fenómeno a erradicar, sino como una situación con la que se debe convivir”.
Aunque urge encontrar salidas, consideró “lamentable” que haya “tanta paciencia institucional. Y el costo de esa paciencia son vidas”.
Artículo 19 criticó la sección de “Quién es quién en las mentiras”, desde donde, dijo, López Obrador descalifica la labor periodística y se busca anular cualquier discurso distinto al presidencial. Vaca, cofundador de Presunto Podcast, advirtió que mientras pareciera “aplazarse la respuesta para la seguridad de los periodistas, parece que urge ajustar cuentas con el periodismo en general”.
La Relatoría, indicó, “ha registrado una compleja pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación, que tiene como cita ceremonial un programa que se emite semanalmente”. Aludió así al “Quién es quién en las mentiras”.
Recordó que cuando inició dicho espacio, invitó a las autoridades a “reconsiderarlo y contrastarlo con mejores prácticas internacionales a propósito de su pertinencia de objetivo”. Pasado el tiempo, la Relatoría sugirió que se suspendiera.
“Se nos ha indicado que es espacio de simple réplica, pero en no pocas oportunidades hemos visto que va más allá de la réplica”. Y advirtió sobre las dudas que existen sobre si se trata más bien de “una instancia de auditoría gubernamental y selectiva a la labor periodística.
“La línea entre el derecho que tiene un gobernante a defenderse de las críticas y la estigmatización que puede alentar a la violencia contra los y las críticas es muy delgada”. Un líder democrático, dijo, debe tener la capacidad de hacer esa distinción. “Todo señalamiento oficial denigrante contra la prensa afecta los cimientos de la democracia, puede sembrar miedo y censura.
La historia regional, alertó, “nos dice que la estigmatización de la prensa desde el Estado pretende casi siempre aleccionar y silenciar a quien se atreve a cuestionar el poder público”. Y concluyó urgiendo, nuevamente, a detener la violencia contra la prensa. “Hay manos que están abiertas y que se las hemos extendido al Estado para ayudarle a encajar y tomar decisiones urgentes y complementarias sobre cómo enfrentar esta crisis”, dijo.
