Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
A 10 días de lanzar la amenaza desde el Palacio de Gobierno “para todos tengo” y justo cuando se aproxima el cierre de las campañas políticas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la Fiscalía General de Tamaulipas han realizado carpetas de investigación y persecución al menos en contra de 10 liderazgos de la alianza Juntos Hacemos Historia, incluyendo alcaldes. Existen órdenes de aprehensión y en algunos casos ya se han registrado arrestos de personas.
Considerado como un hecho sin precedente por analistas, la actuación del gobernador panista rompe con las formas en que se han llevado a cabo en Tamaulipas los procesos electorales, mientras su candidato, avalado por la coalición PAN-PRI-PRD, sigue rezagado en las encuestas.
El 10 de mayo pasado el gobernador albiazul dio un mensaje desde Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, donde alegaba hacer alusiones personales, luego de que el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal Anaya, negara en una entrevista que hubiera una negociación con él, y recordara que su desafuero y su situación depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de jueces ante los que ha interpuesto recursos legales.
A tres días de las advertencias de Cabeza de Vaca, quien dijo “para todos tengo”, la Fiscalía estatal arrestó al secretario general del Sindicato Federal de Salud, Adolfo Sierra Medina, un doctor amigo desde hace tres décadas del candidato común de Morena-PT-PVEM a la gubernatura del Estado, Américo Villarreal Anaya.
El galeno fue acusado de delitos electorales, en sus modalidades de coacción al voto y apoyo a un candidato en horario laboral. Posteriormente fue liberado.
Posteriormente, el Poder Judicial, a petición de la Fiscalía, actuó en contra del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, bajo acusaciones de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y amenazas.
Esto, porque el funcionario pidió a los guardias del Palacio de Gobierno arrestaran a un sujeto que entró armado al inmueble y mediante engaños, argumentando que era estudiante de la UAT.
En tanto, la alcaldesa de Nuevo Laredo, contra quien se dijo, existe también una orden de arresto, denunció el acoso y la persecución contra ella, su administración y su familia por parte del gobernante.
El representante de Morena ante el IETAM, Eduardo Govea Orozco, confirmó que el acoso del Estado, además de ser en contra de la edil neolaredense es también contra el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas, a quien también, dijo, se le giraron órdenes de arresto arbitrarias.
Govea precisó que ante la persecución y amenazas del gobierno del Estado, alcaldes de Morena, integrantes del equipo de campaña y los hijos del candidato Américo Villarreal Anaya, promovieron siete demandas de amparo.
“Todas las acusaciones y acciones que está iniciando el gobierno a través de la Fiscalía y del poder judicial son falsas y sin sustento, sin embargo, se ha tomado la decisión de recurrir al amparo porque este gobierno no respeta nada”, expuso.
Dijo que de las siete demandas de promoción de amparo que buscan evitar la violación de sus derechos, están familiares del candidato, equipo de campaña, alcaldes, diputados y dirigentes del partido.
El abogado de Morena ante el IETAM denunció que el gobernador ha desatado una ofensiva judicial a través de cateos domiciliarios y persecuciones de figuras y dirigentes del partido.
Quieren frenar a través de abusos y del aparato estatal el triunfo del candidato Américo Villarreal Anaya, “ya se pidió a las autoridades judiciales federales frenar este persecución arbitraria del gobierno”, dijo Govea Orozco.
El juicio de amparo, explicó, se promueve con el fin de evitar que autoridades ministeriales y judiciales del Estado cometan actos en contra de la integridad de los promoventes.
La diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, contra quien la fiscalía ha solicitado su desafuero por acusaciones de cohecho, también se incluye en la lista de morensitas que reclaman acoso e intimidación por parte del cabecismo.
En tanto, líderes y representantes de la llamada columna armada Pedro J. Méndez, como Octavio Leal Moncada, refirió en la semana que varios integrantes de la agrupación que han manifestado su apoyo al doctor Américo Villarreal, fueron baleados y perseguidos por policías estatales, sin haber motivo para ello.
