En Nuevo León dio inicio la temporada de chapulines; o quizá, como en el caso del Covid -19, el chapulineo llegó para quedarse.
El partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano, puso en marcha una intensa y, algunos dicen muy costosa, campaña para incorporar a sus filas a destacados políticos de otros partidos.
Doce alcaldes de diferentes puntos geográficos del estado, un diputado federal y cinco diputados locales, dos de ellos desde el inicio de la actual legislatura, ahora muestran orgullosos sus camisas naranjas, y se quitaron las azules del PAN, las tricolores del PRI, las verdes del PVEM, las turquesa de Nueva Alianza y hasta las guindas de Morena.
El chapulineo no es un tema nuevo, el propio gobernador Samuel García lo criticó de manera severa en el pasado, pero ahora dicen, es un paso necesario para detener las prácticas de “terrorismo legislativo”, en palabras del alcalde regio Colosio Riojas.
Sobre este discutido tema, se han escrito ensayos, tesis de posgrado, artículos de fondo, denuncias, sentencias del Tribunal Electoral, pero en donde no se le ha movido ni una coma, es en la legislación electoral, a pesar de lo absurdo, por no decir ridículo y risible que resulta el hecho de que, en los municipios en los que el partido naranja no presentó ningún candidato para contender por la alcaldía en las pasadas elecciones, es decir, en municipios donde obtuvieron cero votos, el alcalde en funciones decida abandonar al partido que lo postuló y le permitió alcanzar el poder, para afiliarse a Movimiento Ciudadano. ¿Dónde quedó la voluntad popular?
Como dijo un sabio amigo linarense, “todo político tiene el derecho de renunciar al partido que lo llevó al poder, pero por congruencia, también debería renunciar al poder que ese partido les dio”.
