San José, Costa Rica.-
Con la expulsión de Nicaragua del máximo delegado de la Santa Sede y de las Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta, del arresto de dos sacerdotes, la clausura de 10 radioemisoras católicas y del intenso acoso policial a jerarcas religiosos, una pregunta se reactivó en ese país centroamericano: ¿Por qué el prolongado silencio del Papa Francisco frente a los atropellos del régimen nicaragüense en contra del catolicismo?
Pese a que el hostigamiento político, policial, mediático y callejero de las fuerzas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sobre diversos sectores de la cúpula católica nicaragüense recrudeció desde 2018, la situación se agravó en 2022 y se agudizó esta semana.
En una carta que envió al Papa Francisco, el abogado nicaragüense Álvaro Leiva, secretario general de la (no estatal) Asociación Nicaragüense Pro—Derechos Humanos (ANPDH), llamó la atención del Pontífice sobre el profundo y acelerado deterioro de la situación en Nicaragua y advirtió que “hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio”.
“Y desde 2018 hasta hoy, el suyo retumba en el lacerado corazón de la grey católica de Nicaragua”, recalcó Leiva, en la cuarta misiva que remitió a Francisco desde que, en abril de 2018, esa nación se precipitó a la más grave crisis política, socioeconómica institucional del siglo XXI y la más grave tras el final en 1990 del conflicto bélico interno.
En la misma sintonía, la abogada nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del (no estatal y ya ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo a EL UNIVERSAL por teléfono desde Managua que “el silencio del Papa Francisco por lo que sucede en Nicaragua es muy preocupante”.
“¿Por qué el Papa se queda callado, mientras Ortega y Murillo reprimen a cristianos y no cristianos?”, puntualizó.
Pese a los reclamos, la Santa Sede mantuvo su conocida política de silencio acerca de la crisis en Nicaragua, que registró esta semana un nuevo proceso de tirantez y descomposición por la clausura de las radioemisoras y el violento asedio sobre autoridades católicas y un templo, con despliegue de tropas policiales y ataques con gases lacrimógenos.
Frente a la reacción adversa internacional a esas maniobras, Murillo calificó de “hipócrita” a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por condenar el cierre de las estaciones radiofónicas.
En referencia a la invasión armada que Rusia lanzó en febrero de este año contra Ucrania, Murillo alegó que Washington y Bruselas cerraron este año medios rusos de prensa como Rusia Hoy y Sputnik.
“Por un lado, hablan y critican, y, por otro lado, hacen lo que están criticando”, adujo la vicepresidenta en un mensaje en medios oficialistas de Managua. “O sea, es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento, la conducta, dual, hipócrita” de EU y la UE, reafirmó.
El (estatal) Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) atribuyó el cierre de los medios a que carecen de permiso para operar.
Malestar social
A partir de abril de 2018, Nicaragua se hundió en una honda crisis política, con multitudinarias protestas antigubernamentales para exigir democracia y libertad y tildar al dúo gobernante desde 2007 como dictadura dinástica.
Ortega y Murillo respondieron con una represión indiscriminada, acusaron ser víctimas de un intento terrorista de golpe de Estado, desmintieron haber violado los derechos humanos y encarcelaron a los líderes opositores. Organismos internacionales no estatales de derechos humanos calcularon que los enfrentamientos dejaron más de 325 muertos.
Con unos 180 reos políticos (en prisión o arresto domiciliario), centenares de dirigentes opositores en el exilio y miles de migrantes irregulares nicaragüenses en el exterior, la oposición quedó fuera de la contienda electoral de noviembre de 2021 en la que Ortega y Murillo se reeligieron para gobernar al menos hasta 2027 y completar 20 años de gestión.
Los comicios fueron calificados, dentro y fuera de Nicaragua, como farsa, pero el gobierno defendió su legitimidad y catalogó a los presos de “hijos de perra” al servicio de EU.
En un despliegue de violencia, efectivos policiales irrumpieron el lunes anterior a la capilla del Niño Jesús de Praga en el templo católico del Jesús Divino de la Misericordia del municipio de Sébaco, en el norcentral departamento (estado) de Matagalpa.
Cuando la comunidad se acercó a la parroquia a apoyar al sacerdote Uriel Vallejos y a cinco laicos atrapados en la iglesia, la fuerza policial la atacó con gases lacrimógenos. Después de estar recluidos en una zona del templo desde el lunes, Vallejos y su grupo lograron salir el jueves, mientras los efectivos policiales también se retiraron del lugar.
En forma paralela, un grupo de cinco policías antimotines se instaló ese mismo día en la tarde en el portón de la Curia Episcopal de Matagalpa e impidió la salida de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de ese departamento y una voz relevante entre los jerarcas católicos enfrentados al régimen.
Álvarez se dirigía en su automóvil a la Catedral de San Pedro, en esa localidad, a oficiar misa y la hora santa, pero los efectivos lo impidieron con sus escudos antimotines. En la mañana del jueves, el obispo salió de la Curia, se aproximó a unos policías que se le alejaron tras arrodillarse en una acera para elevar sus manos hacia el cielo.
La policía ordenó este viernes casa por cárcel o arresto domiciliario para Álvarez y otras personas involucradas en los incidentes en Matagalpa por “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
“Todo ese show (…) en Matagalpa, de arrodillarse, de clamar con los brazos abiertos, es todo un show mediático”, denunció el diputado nicaragüense Wilfredo Navarro, del gobernante y exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y férreo defensor de Ortega y Murillo.
Álvarez “pretende llamar la atención de todas formas, tal vez por su pequeña estatura física y moral y su complejo de inferioridad” y su actitud “encierra maldad y odio en su corazón”, porque es “un hombre amargado, que está envenenado contra los que cree que son sus enemigos”, añadió, en un artículo que publicó en El19, medio digital oficialista.
“Este hombre no está por encima de la ley, su sotana no le da impunidad y además no tiene ninguna moral ni autoridad para reclamar, porque él y otros curas son responsables de delitos. Hay que recordar que los curas también participaron en el golpe (de 2018) fueron amnistiados y en la amnistía estaba la no repetición”, mencionó.
Choque prolongado
Los incidentes reiteraron el fuerte enfrentamiento que mantiene Ortega y Murillo sobre una parte de la dirigencia católica.
El informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?”, emitido este año por el (no estatal) Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de Managua, contabilizó 190 agresiones del oficialismo contra obispos, sacerdotes, laicos y templos católicos de abril de 2018 a mayo de 2022.
“Antes de abril 2018, los atropellos hacia la Iglesia eran esporádicos. Después de esa fecha, las hostilidades incrementaron y suben de tono. El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes”, precisó el estudio.
Al señalar que, en sus discursos, Ortega y Murillo aludieron a proclamas bíblicas, el reporte planteó que ambos reafirmaron que están ceñidos en la persecución a miembros de la cúpula católica para impedir que les critiquen y silenciarlos.
El contexto de 2022 consolidó la agresividad del gobierno contra las jefaturas católicas.
En un hecho de la mayor trascendencia, el arzobispo polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico (embajador de la Santa Sede) en Nicaragua desde 2018, fue expulsado el 6 de marzo anterior por Ortega y Murillo por pedir la libertad de los presos políticos nicaragüenses. El silencio del Papa Francisco persistió ante ese caso.
El régimen ordenó este año la detención de dos sacerdotes nicaragüenses. El cura Manuel García fue condenado en junio a dos años de cárcel por amenazas con arma blanca a cinco personas y a una multa. Monseñor Leonardo Urbina fue detenido en julio anterior por el presunto delito de violación sexual y lesiones sicológicas a una menor de edad.
En junio de este año, el gobierno anunció que, por incumplir la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, clausuró la Orden de las Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta. En julio, 18 misioneras fueron expulsadas a Costa Rica y, según el régimen, carecían de permisos para laborar en actividades de educación y defensa de la niñez y protección de ancianos.
En cada uno de estos sucesos, persistió el silencio del Papa Francisco.
